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Decreto en consulta

Gobierno abrirá 2 plazas en cada institución para supervisar entrega de información pública

Actualizado el 12 de marzo de 2017 a las 12:00 am

Nuevas figuras resolvían quejas por denegatorias de datos públicos

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Gobierno abrirá 2 plazas en cada institución para supervisar entrega de información pública

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La Constitución Política, en los artículos 27 y 30, establecen el libre acceso de los ciudadanos a la información pública. El gobierno planea publicar un decreto que crearía un registro sobre las solicitudes de datos. En la imagen, archivos del Ministerio de Comercio Exterior. | PABLO MONTIEL

El Gobierno planea crear dos plazas adicionales en cada institución del Estado para resolver quejas de ciudadanos a los que se les niegue información pública.

Se trata de dos “oficiales” que se encargarían de dar seguimiento a los reclamos de los usuarios que piden datos públicos. Uno se denominaría oficial de acceso a la información (OAI), y el otro, oficial de simplificación de trámites.

“El oficial de acceso a la información tendrá la competencia para atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información presentadas ante instancias internas de la institución”, señala un decreto que el Gobierno sacó a consulta pública, antes de publicarlo.

Además, este funcionario “deberá incluir en su informe anual de labores los datos estadísticos y acciones en torno al derecho de acceso a la información pública y deberá poner en conocimiento del oficial de simplificación de trámites dicha información”.

Por su parte, el oficial de simplificación de trámites, recibiría “las sugerencias planteadas de forma oral, física o electrónica referentes a conductas administrativas que obstaculizan o afectan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como proponer al jerarca institucional todo tipo de recomendaciones de mejora en materia de la gestión institucional de cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información pública”.

Los artículos 27 y 30 de la Constitución Política establecen la obligación de brindar información al público por parte de cualquier empleado estatal.

El artículo 27 señala, literalmente: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

En tanto, el 30 apunta: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.

A pesar de la claridad de la norma y de 62 sentencias de la Sala Constitucional en donde se reafirma la obligación de las entidades y funcionarios estatales de facilitar la información pública, el Gobierno insiste en la necesidad de regular, por decreto y por ley, el acceso al derecho.

Con el decreto, además, el Ejecutivo pretende crear un registro para conocer y documentar todas las solicitudes de información que se hagan a las diferentes instituciones del Estado.

El registro recopilaría los informes anuales de requerimientos de información que, en teoría, suministraría cada una de las instituciones del Estado.

La iniciativa obedece a que, según el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, actualmente no hay una estadística de las solicitudes de datos que reciben las instituciones públicas.

El registro permitiría al Gobierno saber quién pide información al Estado, en qué momento y sobre qué tema.

De acuerdo con el artículo 15 del plan, los jerarcas de todas las instituciones del Estado deberán incluir en sus informes anuales de labores “estadísticas de las solicitudes de información recibidas durante el año”.

Esto permitirá al Ejecutivo conocer el número de solicitudes, el plazo de atención, la existencia de recursos de amparo sobre el cumplimiento del derecho y el resultado de estos.

El plan se justifica como mecanismo para garantizar el acceso a la información pública.

"Es parte de un proceso largo, detallado y muy serio", dijo el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien aseguró que la idea es parte de los esfuerzos del Gobierno para poner al país a tenor con los estándares internacionales.

Tanto Herrera como la viceministra de las Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, defendieron la propuesta como una medida para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública.

A pesar de que la máxima norma constitucional del país señala la obligatoriedad de facilitar el acceso a toda información pública que no sea afectada por leyes especiales, el decreto plantea una lista de informaciones que cada institución deberá poner a disposición de la ciudadanía de oficio:

-Listado de funcionarios-Planes y presupuestos, así como su forma de ejecución y evaluación

-Procesos para el reclutamiento y selección de personal

-Mecanismos y resultados del proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios

-Planillas con el salario bruto-Informes de viajes

-Gastos de representación-Costos de viajes

-Pagos por concepto de viáticos de los funcionarios de la institución

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