Plan de gobierno de Rodolfo Piza favorece el desarrollo fuera de la GAM

Gobierno diseñaría estrategia para atraer inversiones, según vocación de las zonas

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El plan de gobierno del candidato socialcristiano Rodolfo Piza pone énfasis en el desarrollo de los territorios con menor calidad de vida fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El planteamiento persigue que el Estado, al reconocer las desigualdades territoriales, impulse políticas públicas diferenciadas para cada zona del país.

“Los territorios de menor desarrollo corren el riesgo de exclusión y declive económico y social”, advierte la propuesta de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Según el candidato, existe una gran distancia entre el nivel de vida del Valle Central, y los de Limón, Puntarenas y Guanacaste, así como los de las zonas norte y sur.

“Necesitamos una acción de Gobierno más enfatizada en que haya un equilibrio mayor; cooperar un poco más con las zonas que más necesidades tienen”, declaró.

El plan de gobierno propone que el Estado diseñe una estrategia de fomento empresarial y atracción de inversiones para cada región, mediante alianzas entre los sectores público y privado.

La estrategia dependería de la vocación de cada territorio, sea por su potencial agrícola, pesquero, industrial, ambiental o de servicios.

El planteamiento también pasa por otorgar beneficios fiscales en las regiones de menor desarrollo, con la intención de atraer inversiones. Se crearían, por ejemplo, tarifas diferenciadas del impuesto sobre la renta para proyectos localizados en zonas con bajo nivel de vida. La medida es calificada como una “solidaridad territorial” para incrementar el empleo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), mientras en las áreas urbanas la pobreza es de un 17,4%, en las rurales es de un 26,5%. Además, el desempleo es de un 8,5% en las primeras y de un 9,6% en las segundas.

Consejos. Para cada región, el plan propone crear consejos regionales de desarrollo sostenible, los cuales serían coordinados por el Ministerio de Planificación. Estos foros incluirían a representantes de los sectores público y privado.

En ellos, participarían representantes gubernamentales, municipales, comunales, empresariales, universitarios y de organizaciones sociales. A su vez, se crearía un Consejo Nacional de Competitividad y Desarrollo Territorial a escala nacional.

También se fusionarían el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) con la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco) para crear un Instituto de Desarrollo Local, con la idea de adecuar la asignación de recursos según las necesidades de los municipios y asociaciones de desarrollo.

Además, se propone la confección de un plan de desarrollo productivo para las comunidades de los 17 cantones costeros del país.

En otras áreas. El desarrollo de los territorios es constante en los diversos capítulos del plan de gobierno. En infraestructura, por ejemplo, se plantea elaborar un inventario realista de las necesidades de obras como carreteras, aeropuertos, energía o telecomunicaciones de cada región, con el fin de que cada consejo territorial establezca las prioridades de inversión.

También, se habilitarían los aeropuertos de Limón y la zona sur para recibir vuelos chárter , al tiempo que se construirían planteles de distribución de combustible en Liberia y Palmar Norte.

En educación, se proyecta adecuar los programas según las particularidades de cada uno de los territorios para incrementar la capacidad de inserción de los estudiantes en la producción.

De paso, se propone sembrar en secundaria el concepto de emprendedores, con la intención de incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas.

Otra medida consiste en extender la oferta de carreras vocacionales, técnicas y universitarias en correspondencia con las necesidades de las empresas privadas y públicas de cada uno de los territorios.

En turismo, se fomentaría la capacitación de empresas regionales según las áreas protegidas, parques nacionales y reservas biológicas de cada zona.

El PUSC apoya la transferencia de competencias del Gobierno a las municipalidades con la respectiva asignación de recursos, pero con contratos de gestión y para la ejecución de obras, principalmente.

Además, se rescata la idea de crear triángulos de desarrollo local en los municipios, donde participen, en la toma de decisiones, asociaciones de desarrollo, concejos de distrito y fuerzas vivas.