No se trata de personas con ingresos bajos, sino de personas con ingresos millonarios. Esa es la característica económica de la mayoría de ciudadanos que se beneficiarían, con una pensión más alta, mediante el proyecto de ley que golpearía tanto las finanzas del régimen de pensiones del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como las del Gobierno Central.
Ellos, en promedio, perciben ¢1,9 millones mensuales, aunque algunos alcanzan ¢7,8 millones o incluso ¢9,8 millones mensuales, de acuerdo con datos suministrados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Hay 48 personas que reciben más de ¢5 millones, por ejemplo.
El plan de ley permitiría que un grupo de docentes se salga del régimen solidario del pensiones del IVM para regresar al del Magisterio Nacional, del cual se salieron en 1995. La condición para regresar es que hayan cotizado al menos durante 10 años ininterrumpidos para alguno de los sistemas de jubilaciones de educadores.
Al cambiarse, obtendrían ventajas como pensionarse unos años antes y con un monto mayor. Se librarían, por ejemplo, del tope de ¢1,5 millones que el IVM impone a las pensiones. Podrían cobrar casi el triple, pues el proyecto establece que el tope sería el equivalente al salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) con 30 anualidades y con dedicación exclusiva.
Actualmente, según la página web de la UCR, un catedrático con 31 años de servicio gana ¢3,7 millones. Si a ese monto se le suma un 30% por dedicación en el salario base (¢1,2 millones), la cifra subiría a ¢4 millones.
Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, lo resumió así: mientras en el IVM las personas reciben como máximo un 55% de sus ingresos, en los regímenes del Magisterio recibirían un 80% o incluso un 100%.
El viceministro no escatimó en usar la palabra "privilegio" para calificar esos sistemas de jubilaciones, en el tanto el resto de cotizantes de la CCSS tendrá que "asumir un costo mayor" para pagar las pensiones solidarias del IVM y, mediante impuestos, para pagar buena parte de las del Magisterio.
El gobierno de Luis Guillermo Solís sostiene que el proyecto le quitaría unos ¢52.000 millones al IVM y, además, golpearía las finanzas del Gobierno Central, porque los docentes entrarían a un régimen de reparto, en el cual el Estado debe poner ¢90 de cada ¢100 que se pagan a los pensionados, pues las cotizaciones de los beneficiarios son insuficientes. Hacienda estima que tendría que desembolsar entre ¢11.000 millones y ¢33.000 millones adicionales al año.
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Según una lista de 1.847 posibles beneficiarios, casi el 80% gana más de ¢1 millón mensuales. Ese porcentaje equivale a casi 1.500 personas.
A la hora de ver los datos por rangos, casi la mitad de este grupo, el 47%, percibe entre ¢1 millones y ¢2 millones.
Unas 321 personas están por encima de los ¢3 millones mensuales, es decir, por encima del rango considerado por el Congreso como pensiones de lujo.
En el IVM, el salario promedio del millón y medio de cotizantes, la mayor parte de la clase trabajadora, es de ¢475.000.
La edad promedio, además, es de 56 años.
El viceministro agregó que este proyecto podría abrir la puerta para que beneficiarios de otros regímenes especiales, como el régimen de Hacienda, pidan entrar de nuevo a regímenes que fueron cerrados debido a la gran cantidad de recursos que le exigían al Gobierno. "Podría ser una puerta que se abra a través de resoluciones judiciales", dijo.
Agregó que el proyecto complica llevar adelante la mesa de diálogo que busca salidas a las crisis financiera en las pensiones del IVM.