Un técnico en informática de cualquiere ministerio puede ganar menos de la mitad de lo que devenga un funcionario en el mismo puesto en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Al cabo de 20 años de laborar, el primero recibe un salario mensual de ¢435.000, mientras que al segundo le depositan al menos ¢1,1 millones.
La comparación incluye el sueldo base y las anualidades. No toma en cuenta los aumentos semestrales y otros incentivos que pueda recibir personal de la UCR.
Lo mismo sucede con los ingenieros eléctricos. En los ministerios, ellos ganan un salario de ¢1,1 millones, mientras que en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) devengan ¢1,7 millones mensuales, como mínimo.
Esa diferencia de un 50% se hace más amplia, a un 70%, si se compara con el sueldo que recibe el mismo profesional en la UCR, el cual puede cobrar más de ¢1,9 millones mensuales.
En ambos casos, la comparación incluye el rubro salarial conocido como dedicación exclusiva. Este es un sobresueldo de un 55% que las instituciones públicas pueden pactar con ciertos profesionales para que no trabajen por fuera.
Las desigualdades van desde los puestos más bajos hasta los más altos.
Una cocinera con diez años de laborar gana ¢120.000 menos que su par en el ICE y ¢200.000 menos que en la UCR.
Para los puestos de gerente, la diferencia es la siguiente: menos de ¢3 millones en el Gobierno frente a los ¢5,9 millones en el ICE, con veinte años de experiencia en el primer caso.
Dichas brechas son ejemplos de la realidad de los salarios del sector público, en donde los funcionarios del Gobierno Central (Presidencia y ministerios) son, por mucho, los peor pagados frente a los de las instituciones descentralizadas y los poderes Judicial y Legislativo.
Además de que los sueldos base de los ministerios son, de por sí, los menores, las diferencias se ensanchan porque los pluses son más y mejores en el resto de las instituciones.
“Las estructuras son bien complicadas porque hemos (como país) inventado gran cantidad de cosas”, dijo el director de Salarios e Incentivos.
Por ejemplo, mientras en el Gobierno Central el pago extra que reciben los funcionarios por cada año laborado ronda entre un 1,94% y un 2,56% del sueldo base, en el ICE es de un 3,56% y, en la UCR, de un 5,5%.
El tema de las anualidades es clave, pues tienen un gran peso en los presupuestos salariales y porque la desigualdad se hace más notoria conforme mayor es la antigüedad de los empleados.
A más de la mitad del personal estatal se le reconoce un número superior a los 20 años de labor, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda.
En criterio del ministro interino de esa cartera, José Francisco Pacheco, la planilla estatal “es cada vez más vieja” debido a que “solo un 15% de la población tiene menos de 30 años. La edad promedio de los empleados del Gobierno Central ronda los 41 años; quiere decir que por lo menos la mitad tiene más de 40 años”.
En el 2008, durante la administración de Óscar Arias se intentó cerrar esa brecha entre los profesionales del Gobierno Central y sus colegas que laboran en instituciones autónomas, mediante un incremento salarial.
Sin embargo, funcionarios de entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reclamaron una medida similar y la brecha se amplió de nuevo.
Personal nuevo. La diferencia de salarios no solo ocurre con los empleados más antiguos, sino también con el personal nuevo, lo que incide en la atracción y retención de empleados.
En cualquier dependencia del Gobierno, el salario base de un oficial de seguridad es de casi ¢275.000 mensuales, ¢100.000 menos que en el ICE y que en la Universidad de Costa Rica.
La realidad para los misceláneos es similar: en un ministerio el sueldo básico es de unos ¢250.000, pero podrían aspirar a ¢335.000 en el ICE, por ejemplo.
Un licenciado, en un puesto de profesional 1, donde no se requiere experiencia, puede aspirar a poco más de ¢900.000 en el Gobierno, contando el salario básico y la dedicación exclusiva. Esa misma persona puede superar los ¢1,1 millones en una institución descentralizada.