Los pagos a los 62.000 pensionados de Gobierno absorberán casi ¢1 billón (un millón de millones) en el Presupuesto Nacional del 2023, lo que incluye el giro para las llamadas jubilaciones de lujo. La cifra exacta es de ¢958.000 millones.
Sin tomar en cuenta los rubros dedicados al pago de la deuda pública, el monto destinado a pensiones consume prácticamente un 15% de los gastos del Gobierno Central.
En comparación con el 2022, el monto destinado a jubilaciones crece un 3,8% para el próximo año. Ese porcentaje significa un aumento de ¢35.000 millones.
Solo ese incremento equivale a todo el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).
En tanto, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) presupuestó ¢1,56 billones en el 2023 para sus 319.000 jubilados. La pensión promedio en ese sistema es de ¢299.000.
Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional tuvieron su origen en regímenes creados en el pasado, principalmente, para diversos grupos de funcionarios públicos, en forma paralela al sistema del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Tienen el gran problema de que otorgaban condiciones para pensionarse muy superiores a lo que realmente se podía cubrir con las cotizaciones, tanto en edad para retirarse como en monto de jubilación. De ahí que existan pensiones de lujo de hasta ¢14 millones mensuales.
Estas circunstancias obligaron a cerrar los regímenes en 1992 y, desde entonces, la legislación estableció que el Gobierno correría con el pago de los beneficios. En consecuencia, terminan siendo pagados mediante impuestos de los contribuyentes y endeudamiento.
Algunos sistemas eran no contributivos, es decir, no existía aporte alguno. Tal es el caso de los regímenes de Gracia, Guerra, Expresidentes, Premio Magón, Beneméritos y Guardia Civil. Se trata de 3.616 pensionados.
Aumenta el déficit
El Gobierno todavía recauda aportes de los pensionados y de trabajadores activos. Sin embargo, estos están muy lejos de cubrir las necesidades financieras del pago de estas pensiones.
Para el 2023, las contribuciones apenas representan un 8,8% del costo total de las jubilaciones, lo que genera un déficit de más de ¢873.000 millones, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
Para el 2023, ese déficit crece en más de un 4% en comparación con este año.
El régimen que más recursos consume
El régimen que más recursos consume es el de educadores, conocido como el del Magisterio Nacional. Este es el que tiene más personas, con 45.000 jubilados.
Para el año que viene, el presupuesto para los pensionados del Magisterio es de ¢670.000 millones, un 70% del monto total.
Además, es el rubro de pensiones que más aumenta (con un 4,6% adicional), aparte de la partida para indemnizaciones.
Al Magisterio le sigue el grupo de las jubilaciones de otros regímenes, en donde entran las de Hacienda, Exdiputados, Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles y Músicos de Bandas Militares. En el 2023, estas decrecen en un 0,7%, pero demandan prácticamente ¢80.000 millones.
Luego, aparecen las pensiones del Régimen General de Gobierno (¢52.800 millones) y, por último, las no contributivas (poco menos de ¢8.000 millones).
A todo esto hay que sumar aguinaldo y la contribución al Seguro de Salud de los pensionados.
La pensión promedio en el Magisterio Nacional es de ¢1.152.000. Le siguen las del Régimen General (¢1.071.000); las de Hacienda (¢977.000) y las del Registro Nacional (¢588.000). En las no contributivas, las mayores son para expresidentes de la República o sus herederos, que en promedio son de ¢3.753.000; siguen las de exempleados de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), de ¢1.215.000, en promedio, y las de los premios Magón, por ¢417.000.
Monto ‘considerable’
De acuerdo con un informe sobre el Presupuesto 2023, realizado por la Contraloría General, estas pensiones todavía representan montos “considerables” aunque disminuyan en su relación con el producto interno bruto (PIB).
Tal como está el plan de gastos, las pensiones representan el 2,02% del PIB, luego de que el año pasado la cifra fue de un 2,1%.
La Contraloría insistió en que estos regímenes representan una enorme desigualdad en comparación con otros como el del régimen del IVM.
“Principios como los de sostenibilidad, solidaridad e igualdad, entre otros, han estado comprometidos en estos sistemas, a pesar de las reformas realizadas”, señaló el órgano contralor.
Las dos últimas Asambleas Legislativas aprobaron reformas para cobrar contribuciones solidarias a las pensiones superiores a los ¢2,3 millones. Estas deducciones crecen conforme más alta sea la jubilación, pero no pueden superar el 50% del monto bruto, según una resolución de la Sala IV del 2021.
Además, se eliminó el aumento del 30% anual que recibían las pensiones de exdiputados.
El Gobierno actual, por su parte, decidió plantear juicios de lesividad contra 78 beneficiarios de pensiones de exdiputados, con el propósito de establecerles un tope de ¢4 millones. Entre estas jubilaciones, hay algunas que alcanzan los ¢8 millones.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, estimó que la medida, si resulta exitosa, podría ahorrar ¢3.500 millones anuales.
En el caso del Magisterio Nacional, un estudio actuarial determinó que la última pensión para maestros y profesores universitarios se terminará de pagar en el 2089.
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Conforme pasen más años, la presión se reducirá. La Contraloría abogó por aprovechar ese espacio fiscal que se abra.
Mientras las pensiones de Gobierno crecen, el Gobierno recortó en ¢54.000 millones el presupuesto destinado a pagar las cuotas estatales para las pensiones del régimen del IVM.
Colaboró en esta información el periodista Óscar Rodríguez.
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