Un partido político sin estructura, cúpula ni personas en cargos de elección popular sigue cobrando millones de colones por gastos de organización al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Se trata del Partido Renovación Costarricense (PRC), que tiene sus estructuras vencidas desde setiembre del 2021.
En julio del 2022, Renovación intentó cobrar al TSE ¢2,8 millones por gastos de organización correspondientes al segundo trimestre de ese mismo año. La solicitud la hizo Odilí Altamirano Urrutia, quien se presentó como la tesorera de la agrupación.
El pasado 18 de noviembre, el TSE le reconoció a Renovación los gastos, pero esta resolución fue anulada el pasado 21 de marzo por solicitud del director de Registro Electoral, Héctor Fernández, quien argumentó que las estructuras estaban vencidas para la fecha de presentación de la liquidación, por lo que se debió rechazar ad portas.
Todos los nombramientos del comité ejecutivo están vencidos, de manera que el TSE consideró que no hay nadie con legitimidad para cobrar la deuda política.
Las reservas de organización y capacitación son montos a los que pueden acceder las agrupaciones como parte de la deuda política, a la cual acceden ya sea al ganar una curul en el Congreso o habiendo obtenido al menos el 4% de los votos en una elección.
Cada grupo define qué porcentaje de su deuda política utiliza para financiar gastos electorales y qué porcentaje para la reserva, la cual se puede usar, por ejemplo, para pagar sedes, salarios, servicios o capacitaciones.
Renovación Costarricense, representado en el pasado por el político y exdiputado Justo Orozco, aún tiene una reserva de organización y capacitación de ¢184 millones derivada de deuda política obtenida en comicios anteriores.
La última participación de este partido en elecciones presidenciales fue en el 2018, comicios en los que no recibió más contribución estatal porque no logró ni un diputado y obtuvo solo el 0,6% de los votos.
En el 2014, en cambio, tuvo derecho a cobrar ¢330 millones para organización y capacitación.
Renovación es uno de los partidos con los porcentajes más altos para las reservas. De la contribución estatal obtenida en temporadas anteriores, el 80% es para ese fin.
Desde el 2017, el TSE determinó que solo las agrupaciones con estructuras vigentes podían cobrar los montos de sus reservas.
Esa agrupación fue fundada en 1995 y desde entoncestuvo representación en la Asamblea Legislativa en cuatro de los últimos siete cuatrienios legislativos. Llevó al Congreso a los exdiputados Justo Orozco, Carlos Avendaño (ahora en otro partido), Gonzálo Ramírez y Abelino Esquivel.
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Estructura vencida
El PRC es uno de los seis partidos que recientemente el TSE declaró como inactivos al tener un año o más con sus estructuras partidarias vencidas. Esa declaratoria se produjo en octubre del 2022, un año después de que la agrupación no realizara ni intentara hacer las asambleas partidarias para elegir a sus nuevos líderes.
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Aunque en el 2021 el Congreso concedió una prórroga que mantuvo a las autoridades vigentes por la imposibilidad de realizar asambleas en medio de la pandemia, esa autorización venció el 16 de junio del 2022. Por ello, para la fecha en que Renovación presentó la solicitud de liquidación, el 22 de julio, los nombramientos ya habían caducado.
Esa prórroga sí le favoreció a Renovación para que, en octubre del 2021, esta organización pudiera cobrar casi ¢2,5 millones por gastos de organización.
En noviembre del año anterior, el departamento de Registro Electoral concedió una prórroga al nombramiento de la tesorera Altamirano y del secretario general, Jimmy Soto, pero exclusivamente para renovar sus estructuras con un plazo que finaliza en abril de este año.
Hasta este 21 de marzo, este partido político se mantenía inactivo.
Otras organizaciones con estructuras vencidas son Restauración Nacional (PRN), del exdiputado Carlos Avendaño; así como Integración Nacional (PIN), del también exdiputado Wálter Muñoz.
Estas tampoco podrían cobrar sus gastos trimestrales, pese a acumular millones en reservas.
En el 2020, el TSE emitió un criterio que establece un plazo máximo de 10 años para que los partidos políticos utilicen el dinero estatal que les queda como reserva para gastos de organización y capacitación. Después de ese periodo, los fondos no usados serán devueltos a las arcas públicas.