Costa Rica se alista para desacreditar en Holanda, el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que condenó ayer al país por supuesto daño ecológico al río San Juan y al ecosistema de la frontera común con Nicaragua, a causa de la construcción de la trocha 1856.
Así lo advirtió el canciller Enrique Castillo ante la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega aporte esa sentencia como hecho a su favor en el juicio que entabló en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con sede en Holanda, por el mismo caso.
“Es de esperar que ellos lo hagan, seguro van a tratar de servirse de eso”, dijo el canciller desde Nueva York, Estados Unidos, luego de conocer el fallo dictado por la CCJ, con sede en Managua.
La sentencia de ayer no tiene ningún efecto sobre Costa Rica porque su gobierno nunca ha reconocido a la Corte Centroamericana.
“La Corte de La Haya es de vedad y se van a dar cuenta de que es cosa arbitraria, parcializada y politizada, nos encargaremos de demostrarlo”, continuó Castillo.
El diplomático alegó que el expresidente de la CCJ, el hondureño Francisco Lobo, hizo manifestaciones que prejuzgaron a Costa Rica y que el actual presidente, Carlos Guerra, debió excusarse de participar por ser nicaraguense.
Además, cuestionó que la CCJ se haya arrogado una competencia que no tenía, en referencia a que Costa Rica no la reconoce.
En San José, la presidenta Laura Chinchilla, agregó que el tribunal actuó de manera espuria contra Costa Rica: “Tenemos todo el derecho a dudar de su objetividad porque está ubicado en Nicaragua, porque quien preside ese tribunal es nicaraguense”.
Este caso llegó a la CCJ por denuncias del Foro Nacional de Reciclaje y la Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Sostenible.
La Corte sentenció: “Condénase al Estado de Costa Rica por haber incurrido en irresponsabilidad por los daños ecológicos y conexos en el río San Juan de Nicaragua, así como al ecosistema compartido”.
Costa Rica niega haberle provocado daños al río San Juan.
El fallo, sin embargo, no precisa cuáles son los deberes que debe acatar Costa Rica ni determinó el costo económico de los perjuicios “por falta de elementos necesarios para cuantificar los daños”.
Los magistrados agregaron que Costa Rica “construyó una obra de alto riesgo y peligrosidad ambiental” sin realizar estudios de impacto ni consultar a Nicaragua, al tiempo que violó convenios “para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en América Central”.
Según Guerra, Costa Rica debe acatar la resolución o, de lo contrario, se le pedirá a los presidentes de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) aplicar medidas, aunque no precisó de qué tipo. Sobre esa posibilidad, Castillo dijo que los presidentes solo pueden ratificar el fallo por unanimidad y Costa Rica no lo hará.
La obra, en la que el país invirtió $40 millones, es investigada aquí por denuncias sobre corrupción.