Enviar el proyecto de reforma al empleo público a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad, corregir allí los problemas señalados por la Sala Constitucional y remitir el texto al plenario para votación.
Ese es el camino que debe seguir, según diputados del Partido Acción Ciudadana y del Partido Liberación Nacional, el proyecto de ley, luego del pronunciamiento de los magistrados en el que apuntaron inconstitucionalidades en el texto aprobado en primer debate el pasado 17 de junio.
Por unanimidad, los magistrados declararon inconstitucionales los artículos que sujetarían al Poder Judicial, las municipalidades, las universidades públicas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) en materia de empleo público.
“Lo que corresponde es, simplemente, que la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad reciba el expediente, analice las observaciones de los magistrados y lo remita al plenario para que se vote de nuevo, aquí no hay mucho más qué hacer”, declaró Víctor Morales, diputado del PAC.
En esa misma dirección apunta Silvia Hernández, congresista de Liberación Nacional y presidenta del Directorio Legislativo.
“Desde el punto de vista procedimental: llegará el voto de la Sala a la Asamblea, el proyecto pasa a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad, ésta propone los ajustes en los artículos para acatar lo que dijo la Sala y vuelve al plenario. El plenario debe aceptar las propuestas de ajuste de esa comisión de consultas y lo vota en primer debate de nuevo”, comentó Hernández.
Los legisladores también coincidieron en que debe revisarse a fondo el pronunciamiento de los altos jueces.
“Repito, hay muchísimos detalles que deben revisarse para determinar su aplicación final. Hay que leer la resolución completa. Por esto, quiero hacer énfasis en la importancia de que la Sala nos haga llegar en forma íntegra la resolución, hasta ahora solo conocemos el por tanto, para aclarar que no es la Asamblea Legislativa la que retardará proseguir con el proyecto pues sería hasta recibir la resolución”, agregó la liberacionista.
Además, Morales y Hernández destacaron que los magistrados no hallaron inconstitucionalidades en el procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa para esta reforma y celebraron que el salario global fuera declarado constitucional.
“Me parece fundamental que no se señalaran inconstitucionalidades con respecto al procedimiento, de ser así sí hubiese sido necesario archivar el proyecto (...) La Sala ha dicho que el salario global es constitucional y que hay que aplicarlo, eso queda claro, también queda claro que se puede regular el tema de las convenciones colectivas”, expresó Morales.
Carlos Ricardo Benavides, congresista de Liberación Nacional, también señaló que el expediente deberá pasar a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad.
“Procedimentalmente resulta sencillo ajustar el proyecto en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea, acatando lo resuelto por la Sala, y volver a votarlo en primer debate. Esa fue la ruta que seguimos con la ley de regulación de las huelgas. Aplica exactamente igual”, aseveró Benavides.
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Criterios contrarios
Otros diputados consultados por este diario no ven tan sencillo resolver las deficiencias subrayadas por la Sala Constitucional.
Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, afirmó que la reforma debería devolverse a la Comisión de Gobierno y Administración.
“Debe devolverse a Comisión de Gobierno y Administración, hacer un texto equilibrado y realizar una negociación política de verdad (...) Si se sigue el procedimiento señalado por el PAC y Liberación implicaría quitar los artículos señalados como inconstitucionales y eso, básicamente, deja un cascarón de proyecto que no sirve para nada”, criticó el socialcristiano.
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Paola Vega, diputada oficialista, indicó que el Gobierno debería elaborar un texto de ley nuevo.
“Por la magnitud de las inconstitucionalidades encontradas y tomando en consideración que están presentes en absolutamente todo el texto, le recomendaría al Poder Ejecutivo hacer un texto nuevo, que contenga solo la materia que no resulta inconstitucional, no creo que arreglar el texto actual nos lleve a un escenario positivo”, expuso la legisladora del PAC.
“Espacio para discutir este tema (en la fracción del PAC) siempre habrá, lo que pasa es que en este asunto tenemos puntos de desencuentro importantes por la forma y el fondo. Por ejemplo, yo no veo, dentro del rango ético del Partido, votar un proyecto de ley que incluya la cláusula de objeción de conciencia”, concluyó.
Colaboró en esta información Josué Bravo.