El Partido Acción Ciudadana (PAC) fracasó en su intento de frenar temporalmente un cobro de ¢465 millones que le hace la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La agrupación solicitó la suspensión al Tribunal Contencioso Administrativo, pero este se la denegó este lunes. El caso obedece a cuotas obrero-patronales que, según la CCSS, la agrupación política no canceló durante cuatro años.
El partido rojiamarillo intentaba frenar tal cobro, pues uno de los requisitos para acceder a los recursos de la deuda política es estar al día con la seguridad social. De lo contrario, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la potestad de retener las sumas adeudadas a la CCSS.
En el caso del PAC, el TSE tiene en pendiente la aprobación de tres liquidaciones por ¢552 millones por concepto de gastos de organización y capacitación efectuados entre abril y diciembre del año pasado.
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El juez de lo Contencioso Administrativo, Alcevith Godínez, rechazó la petición de la presidenta de la agrupación política, Margarita Bolaños, quien pidió congelar el reclamo económico de la Caja mientras se resuelve la demanda interpuesta por el PAC contra esa institución en esa misma sede judicial.
Godínez denegó la petición de medidas cautelares de Bolaños, al considerar que no existían “condiciones básicas” para acogerla. El juez tomó la decisión el 29 de enero, pero la notificó ayer lunes.
Según la resolución del Contencioso Administrativo, la suspensión no era viable porque el PAC no logró demostrar una eventual afectación.
Así lo estimó porque el cobro de los ¢465 millones todavía no está en firme, ya que fue cuestionado por el grupo político ante este mismo Tribunal y todavía está en curso el proceso para determinar la legalidad del reclamo económico.
Asimismo, el juez concluyó que acoger tal solicitud significaría interferir directamente en las potestades de cobro por morosidad que realiza la Caja.
“Se estaría violentando el derecho constitucional de la administración de llevar a cabo los estudios para determinar las responsabilidades de los patrones y las obligaciones que le impone la Ley Constitutiva de la CCSS”, señala el fallo N.° 197-2016, del cual La Nación tiene copia.
Alegados rojiamarillos. El partido de Gobierno cuestionó el informe de la CCSS, donde se le señala la deuda de ¢465 millones por concepto de cargas sociales de 490 profesionales y técnicos a quienes contrató entre julio del 2006 y marzo del 2010.
La Caja también le achaca haber subdeclarado el salario de otros 25 empleados durante ese mismo lapso de tiempo.
La mayoría de las cotizaciones reclamadas corresponden al personal que el PAC contrató durante la campaña presidencial del 2010.
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En los alegatos esbozados ante el Tribunal, el PAC afirma que la Caja incurrió en un acto indebido y en una falta al debido proceso. Por ello, pidió “suspender los efectos de la conducta administrativa demandada, suspendiendo en consecuencia el cobro y facturación tanto a nivel administrativo como de redes sociales y medios informáticos de comunicación”.