El diputado Ottón Solís, del PAC, le pidió al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) no prorrogar el alquiler de tierras que permiten la operación de la polémica hidroeléctrica Aguas Zarcas, planta que la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) le compró a la cementera Holcim, en el 2014, por $35,3 millones con un préstamo del BCR.
Según el legislador, ese negocio hoy significa una pérdida para los sancarleños, quienes deberán pagar de más en sus recibos de electricidad para costear la operación. Si el Inder impide el uso de sus tierras, dijo Solís, Holcim deberá recomprarle la planta a Coopelesca pagando, además, el dinero que la Cooperativa ha tenido que invertir en mejoras.
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La hidroeléctrica depende de tierras alquiladas al Inder para generar electricidad, pues casi la mitad del canal que lleva el agua al embalse atraviesa un terreno propiedad del Instituto.
El Inder le alquiló a la hidroeléctrica la franja de terreno en 1993 por un periodo de 25 años, pero estableció que el contrato no sería prorrogable.
VEA la carta enviada por Ottón Solís al Inder
Diana Murillo, gerente general del Inder, declaró el miércoles que le extrañó que el Banco de Costa Rica (BCR), que financió la compra de la planta con un préstamo de $32,7 millones, no le preguntara al Instituto si se podía renovar el contrato de alquiler de tierras, lo que ella no considera posible.
Coopelesca, que pretende cargarle ¢4.800 millones a los sancarleños en las tarifas de electricidad por este negocio, le propuso al Inder comprarle las tierras, planteamiento que deberá analizar la Junta Directiva.
Después de la compra a Holcim, la planta generó menos energía de la esperada y, actualmente, está en un proceso de overhaul, pues es un proyecto con 21 años de funcionamiento y requiere arreglos.
Para el legislador Ottón Solís, es mejor que el Inder ni le alquile ni le venda los terrenos a Coopelesca, para que esta recupere el dinero de la inversión.
"Este negocio significa una gran pérdida para los sancarleños. El valor en libros de la citada planta era de poco más de $4 millones y se pagó por ella un monto superior a los $35 millones. Además, se trata de un activo con más de 20 años de antigüedad, con equipos obsoletos, que actualmente solo pueden generar una mínima parte de su capacidad máxima. Lo mejor para San Carlos es que este trato se deshaga", afirmó el legislador en una carta enviada a Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, llamó a disolver el negocio entre Holcim y Coopelesca.
"Ante el daño que esta compra producirá al pueblo de San Carlos en materia de pago de tarifas, en salvaguarda del buen nombre de ambas entidades, y en un acto público de buena fe, sugiero respetuosamente a Holcim y a Coopelesca a proceder con la activación de la cláusula de retroventa; es decir, a deshacer el negocio y devolver las cosas a su estado original", dijo Alvarado en un comunicado.
"De esta manera, la planta hidroeléctrica volverá a Holcim y Coopelesca recuperará su inversión, hecha a través del crédito del Banco de Costa Rica. Esta acción ayudará a recobrar y fortalecer la confianza ciudadana y salvaguarda los fondos y el interés público".
"Además, no va en detrimento de continuar con las investigaciones legislativas o de otros órganos competentes en torno al señor Alberto Raven o sobre los créditos otorgados por el BCR", añadió el aspirante presidencial en relación con el miembro de la Junta Directiva del banco, quien es propietario del 100% de las acciones de una sociedad que participó en la compraventa de la hidroeléctrica.
Raven, además, era fiscal de Holcim y directivo del BCR en el momento en el que concretó la venta en el bufete para el cual él trabaja.