El enojo fue tanto que hasta Justo Orozco, aliado histórico del Gobierno, se unió a las cinco bancadas opositoras que paralizaron ayer el Congreso para exigir la salida del segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, y del ministro de Educación, Leonardo Garnier.
Ambos funcionarios fueron censurados, la semana pasada, por la Procuraduría de la Ética por firmar cartas de recomendación a favor de la empresa Procesos Investigación y Asesoría, propiedad de la exasesora presidencial Florisabel Rodríguez.
Tales misivas le permitieron a la firma acceder a un contrato por ¢17 millones con la estatal Refinadora Costarricense (Recope).
En su informe, los procuradores Gilberth Calderón y Lissy Dorado señalaron que tanto Liberman como Garnier incurrieron en violaciones a los principios de imparcialidad, rectitud y objetividad al suscribir las cartas.
No obstante, en ese momento la presidenta Laura Chinchilla descartó aplicar sanciones en contra de los funcionarios.
Debido a esto, cinco bancadas opositoras decidieron bloquear con mociones varios proyectos claves del Gobierno como uno que le permitiría endeudarse por $4.000 millones, el plan de transparencia fiscal y el de fortalecimiento de la gestión tributaria.
Dicha medida es impulsada por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y Justo Orozco, de Renovación Costarricense.
Los legisladores exigen a Chinchilla que destituya a Garnier y le pida la renuncia a Liberman.
“Hay dudas que deben ser aclaradas; exigimos un actitud más firme y honesta”, dijo el jefe del frente Amplio, José María Villalta.
Sin embargo, la mandataria afirmó ayer que su posición sobre este tema se mantiene y criticó a los legisladores opositores.
“Lo que no está bien es castigar a los costarricenses, dejar de aprobar leyes porque simplemente tienen un desacuerdo con el Gobierno”, aseveró Chinchilla.
Nada. En Casa Presidencial consideran que el informe de la Procuraduría de la Ética no es concluyente y que, por ello, no se sancionará a los funcionarios.
Así lo reiteró ayer el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien instó a los diputados a no frenar la agenda del plenario legislativo.
“Ningún tipo de exigencia relativa al control político se puede ejercer en el bloqueo en contra de la ciudadanía”, sostuvo el jerarca.
Una posición similar exteriorizó Fabio Molina, jefe de la oficialista fracción del Partido Liberación Nacional (PLN). “Yo lo que procuro es que en el clima legislativo no lleguemos a destruir lo que se construye en agenda y los proyectos importantes del país”, dijo.
De los opositores, solo el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) comparte la posición de Casa Presidencial de no frenar la agenda legislativa, aunque el presidente de la Asamblea, Víctor Emilio Granados, afirmó que espera medidas contra los funcionarios que son el centro de la polémica.
Solo el diputado de Restauración Nacional Carlos Avendaño no se refirió al tema.