Nombramiento ilícito mejoró en ¢500.000 el ingreso de viceministro del MAG

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José Joaquín Salazar mejoró su ingreso mensual en más de ¢500.000 con su nombramiento ilegal como viceministro de Agricultura.

Salazar aceptó ayer que amparado en el pronunciamiento OJ-50-2014 de la Procuraduría, decidió congelar su pensión de poco más de ¢1.687.000 para optar por el salario de viceministro, que asciende a ¢3 millones.

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De ese monto, percibe un sueldo neto de ¢2.250.000 mensuales, manifestó él mismo, vía telefónica.

En dicha entrevista con La Nación, Salazar dijo que cuando aceptó el puesto que le ofrecía el presidente Luis Guillermo Solís, pensaba renunciar al sueldo de viceministro, pero no lo hizo.

A la fecha el viceministro ha percibido una remuneración cercana a los ¢114 millones, sin contar cargas sociales.

Salazar aceptó el pago como funcionario en esta administración, luego de que la Procuraduría se pronunciara en abril del 2014. El jerarca interpretó que dicho criterio avalaba su designación como viceministro.

Sin embargo, ese criterio de la Procuraduría no coincide con la interpretación de Salazar, pues se refiere únicamente a funcionarios electos mediante voto popular y a los ministros, quienes no están sujetos a la prohibición de volver a la función pública en siete años, después de haber optado por la movilidad laboral voluntaria.

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Para rematar, en el 2015, la Procuraduría emite otro pronunciamiento en que ratificó que quienes se acogieron al despido voluntario no pueden aceptar un viceministerio si no han cumplido con la prohibición de siete años fuera del sector público.

Según la Procuraduría, nada justifica que a los viceministros, cuyas funciones no están reguladas por la Constitución, se les vaya a dar un trato distinto que al resto de servidores del sector público que deciden dejar voluntariamente sus cargos para recibir las prestaciones.

En el caso de Salazar, quien recibió en el 2012 más de ¢53 millones de liquidación cuando fue despedido voluntariamente del Consejo Nacional de la Producción (CNP), podría haber vuelto a laborar para el Estado hasta en el 2019, según la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público.

Este miércoles, el viceministro dijo que si la Procuraduría se pronuncia en contra de su nombramiento, renunciará a su salario, mas no así al cargo, pese a que está allí violentando el orden legal.

“No tengo ningún problema. Si tengo que estar de viceministro y la Procuraduría dice que no, sencillamente renuncio al salario, porque no estoy ahí por plata. Estoy para servirle a este país, no es por plata”, declaró.

El diputado Rolando González, de Liberación Nacional (PLN), opina distinto.

González cree que el jerarca debe renunciar ya al cargo. Así lo demandó ante el plenario del Parlamento.