La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, fue la jerarca que solicitó al BCIE aumentar en $105.000 el polémico contrato adjudicado a una empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Este contrato, que se elevó de $300.000 a $405.000, se financió con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno de Costa Rica.
La polémica surgió porque el propio Bulgarelli redactó los términos de referencia del concurso. Zapote se los envió al banco regional y, luego, la compañía Nocaut, propiedad de este empresario, ganó la licitación en octubre del 2022 para trabajar por un plazo de seis meses por un monto de $300.000.
No obstante, el 1.° de marzo del 2023, la ministra Natalia Díaz solicitó el incremento del presupuesto.
Díaz envió una carta al jefe país del BCIE en Costa Rica, Álvaro Alfaro, solicitando que, de la partida destinada a atacar las pensiones de lujo, se tomaran $105.000 para pagar más servicios como videos y monitoreo de redes sociales (tracking), bajo el rubro “Fortalecimiento Democrático”.
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La jerarca argumentó que la Presidencia debía “continuar robusteciendo los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía” y, para ello, necesitaba prorrogar los servicios de “creación de planes estratégicos, producción de mensajes en todos los formatos, seguimiento y análisis de las tendencias de opinión ciudadana”.
A principios de diciembre pasado, cuando La Nación divulgó una serie de audios que revelaron la forma como se fraguó este contrato, Casa Presidencial alegó que el proceso fue transparente e hizo público el proceso licitatorio, pero omitió decir que el negocio había sido aumentado en $105.000.
Según publicó este diario el 4 de diciembre, la contratación de Bulgarelli comenzó a fraguarse pocos días después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, asumió el cargo, el 8 de mayo del 2022.
De acuerdo con las grabaciones, Chaves y el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le hablaron al empresario sobre el dinero y el contrato meses antes de que el BCIE efectuara el concurso público.
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En la carta del 1.° de marzo del año pasado, Natalia Díaz solicitó reasignar el primer $1 millón donado por el BCIE de la siguiente manera:
-$405.800 para servicios de comunicación y tracking en redes sociales.
-$40.000 para consulta a Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre pensiones de lujo.
-$295.600 para sistema de ciberseguridad.
-$244.600 para acondicionamiento de instalaciones en Presidencia.
-$50.000 para una auditoría.
El BCIE indicó que estos fondos ya fueron ejecutados y que el Gobierno solicitó un segundo $1 millón, pendiente de aprobación.
“En efecto se recibió la solicitud correspondiente. No obstante, se encuentra pendiente la definición de los destinos que serán sometidos a votación por parte del Directorio en el año 2024, por lo que es prematuro indicar los proyectos que serán aprobados”, indicó el BCIE ante consultas de La Nación.
Audios de conversaciones en Presidencia, suministrados a La Nación por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, muestran al presidente Chaves preguntando si el asesor de imagen, Federico Cruz, conocido como Choreco, sería parte de la consultoría.
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El mandatario también dijo que quería ver el contrato porque tenía varios antojos.
El expresidente del BCIE, Dante Mossi, quien dejó su cargo el pasado 1.° de diciembre, calificó lo sucedido con el contrato de Bulgarelli como una “infracción grave”.
Por el Gobierno de Costa Rica, la responsable de la evaluación y la selección de los contratistas de esta donación fue Díaz. Ella misma fue la encargada de solicitar al organismo financiero los desembolsos para Bulgarelli, según reflejan los documentos del proyecto
La Nación envió consultas a Díaz, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
En un correo electrónico, la nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, dijo que su compromiso es “fortalecer controles para ser más eficiente, más transparentes y para fortalecer la gobernanza del BCIE”.