El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) impuso ayer dos multas al Partido Liberación Nacional (PLN) por un total de ¢4,8 millones por instalar una valla del candidato Johnny Araya en el Gimnasio Nacional, en octubre pasado. El Código Electoral prohíbe colocar propaganda en inmuebles estatales.
El órgano electoral determinó que el PLN contravino el artículo 136 de ese Código al colgar una foto de Araya en el exterior del recinto, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, el 12 de octubre .
Ese día el partido oficialista celebró una asamblea para ratificar a los aspirantes a vicepresidentes, Jorge Pattoni y Silvia Lara.
El TSE también concluyó que Liberación violentó el inciso g del artículo 137 al dar al Gimnasio un uso proselitista, pese a que los partidos políticos solo pueden emplear instalaciones físicas del Estado en actividades destinadas a capacitación o de organización.
Desde el 9 de octubre, añadió la resolución, el Cuerpo Nacional de Delegados del TSE advirtió de la limitante a Liberación que, aun así, siguió adelante con la actividad.
Por contravenir el primer punto, el tribunal electoral sancionó al PLN con casi ¢4 millones y, por el segundo, con ¢800.000.
En su defensa, la agrupación verdiblanca argumentó que, en esa fecha, el Gimnasio no fungía como inmueble estatal, sino como un lugar de acceso público, en el que los organizadores se pueden reservar el derecho de admisión.
También, destacó que el Cuerpo de Delegados no extendió ninguna advertencia y que la fotografía no contenía textos propagandísticos, pues era solo para señalar el sitio en que se celebraría la asamblea.
No obstante, el Tribunal resolvió que la valla sí procuraba incidir, pues era “visible para cualquier ciudadano que, sin quererlo, recibe el mensaje al transitar por una vía pública y observar además un edificio público que resulta referente en la zona donde se ubica”.
El presidente del PLN, Bernal Jiménez, dijo que estudiará con los abogados si cabe una apelación, pero subrayó que respetan el fallo.
Liberación tiene tres días para apelar o, caso contrario, 10 días hábiles para pagar las multas.