Silvia Artavia.   22 julio
El Mercado Central de Puntarenas es uno de los pocos lugares donde, en las pescaderías, se pela camarón. El fallo del 2013 de la Sala IV, que prohibió las licencias a embarcaciones semiindustriales de pesca de arrastre, ha impactado a peladoras como Gerarda Camacho. Foto: Jorge Castillo.

Puntarenas. Es jueves por la mañana y Johanna Robleto Paniagua no tiene ánimos para levantarse. Un diagnóstico de depresión y la sombra del desempleo son casi más fuertes que la angustia de no saber si habrá comida, en el plato de su hija menor, cuando vuelva de la guardería.

Apenas han pasado cuatro meses desde que su compañero sentimental se quitó la vida y, sin embargo, por ahora, la mayor perturbación para esta joven, de 31 años y vecina del precario Bella Vista, en El Roble de Puntarenas, es tener trabajo fijo.

"Vendo atol, vendo lo que sea, pero a veces no tengo ni para invertir en una leche para un arroz con leche. He tenido que pulsearla”, expresa.

Ella es una de las cientos de mujeres que sufren las consecuencias del desempleo en esta ciudad porteña, problema que se agudizó desde que, en el 2013, la Sala IV prohibió la renovación y otorgamiento de licencias a barcos semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre.

El tribunal constitucional consideró que ese procedimiento “atenta contra la reproducción de especies” y hasta “contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable”.

La prohibición a la pesca de arrastre la sufren muchas personas involucradas en la industria, como los pescadores, ayudantes, vendedores y, sobre todo, las mujeres que se dedican a pelar y limpiar camarón.

Johanna Robleto Paniagua es una de ellas. Cuando la industria operaba, se ganaba unos ¢5.000 diarios en una jornada de diez horas; era un trabajo esclavizante con durísimas condiciones, pero ahora no tiene ni eso.

Así lo constata el estudio Mujeres Vinculadas al Sector Pesquero en Puntarenas: un Caso sobre la Feminización de la Pobreza, elaborado por la Fundación Arias para la Paz con financiamiento del Gobierno de Australia.

Según el análisis, basado en datos del 2018, Puntarenas presenta el mayor índice de desempleo de Costa Rica, con una tasa de desocupación del 13%, frente al promedio nacional del 9,7%, de aquel momento.

"Si bien es cierto el cantón central de Puntarenas está sumido en la pobreza, dentro de esa pobreza están mucho peor las mujeres que estuvieron vinculadas al sector pesquero”, explica Lina Barrantes, directora de la Fundación.

¿Por qué es el género femenino el más afectado con esta situación? Por la vulnerabilidad en la que se encuentran esas mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, expone la investigación.

“A veces me llaman (de las pescaderías) una sola vez por semana y, diay, eso no es vida; uno necesita trabajar. Hay que estar de pie, desde la 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para ganarse ¢5.000. Imagínese que solo lo llamen a uno una vez por semana, o que del todo no lo llamen”, cuenta Johanna en un cantón donde tres de cada diez hogares son jefeados por una mujer, según el censo del 2011.

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Una región deprimida

Antes del voto de la Sala, 44 embarcaciones pescaban camarón y generaban empleo a estas mujeres, sus esposos –la mayoría pescadores– y muchos otros involucrados en la cadena.

Según el estudio de la Fundación Arias, tan solo un barco camaronero hacía circular cerca de $1 millón en la economía formal de la provincia cada vez que zarpaba, mediante la compra de insumos como combustible, víveres, redes y mano de obra, entre otros, los cuales movían el entorno local.

Hoy solo quedan tres embarcaciones con licencia, dos de las cuales vencen en agosto de este año, y la última, en setiembre.

Cuando expiren estos permisos, cesarán del todo las llamadas de las pescaderías a las peladoras.

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En condiciones no más alentadoras se encuentran pescadores que habían hipotecado sus casas para comprar las embarcaciones; al vencer las licencias, han tenido que entregar las viviendas a los bancos.

Otras personas que formaban parte de la cadena laboral han tenido que dejar la zona y migrar a la Gran Área Metropolitana (GAM), en busca de sustento.

En forma paralela, se triplicó la cantidad de pescadores que caen en prisión en el cantón central de Puntarenas. El número pasó de 39 a 132 entre los años 2013 y 2018, dice el estudio.

Las mujeres no escapan de esa realidad. En ese mismo período y en ese mismo cantón, la privación de libertad de personas dedicadas a oficios domésticos no remunerados subió de 6 a 29.

Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores, reconoce que ese es uno de los flagelos que tratan de combatir entre los miembros del sector.

“Lastimosamente, muchos caen en actividades ilícitas… Cuando usted no tiene qué llevarles de comer a sus hijos, ¿qué hace? No les pueden decir a sus hijos que no coman hoy porque no hay trabajo”, manifiesta.

En 2013, por ejemplo, 57 personas provenientes del cantón central ingresaron a la cárcel por narcotráfico, cantidad que ascendió a 206 en el 2018.

Asimismo, entre el 2015 y el 2016, subió de 56 a 255 la cifra de mujeres reportadas como infractoras de la Ley de Psicotrópicos en la misma localidad, reseña el estudio, con base en datos del Ministerio de Justicia.

El Pacífico central es la región con más necesidades en el país, según el Índice de Pobreza Multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Reporta una tasa de pobreza del 31,7%, frente a la de 23,6% nacional.

Al igual que Limón, Puntarenas no cuenta con distritos en el estrato de mayor desarrollo relativo, de acuerdo con el Ministerio de Planificación.

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Cuando el anhelo es un trabajo, por más extenuante que sea…

La Fundación Arias para la Paz entrevistó a 200 personas vinculadas con el sector pesquero, desde pescadores, tripulantes de embarcación, funcionarios de instituciones relacionadas con esta práctica, hasta peladoras de camarón.

De este último grupo, participaron 140 personas.

La investigación se llevó a cabo entre marzo y abril de 2019, mediante el análisis estadístico, la elaboración de entrevistas y la realización de grupos focales.

Entre sus principales hallazgos, la exploración cita una serie de elementos que sitúan a estas mujeres en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la baja escolaridad y, con esta, la dificultad para acceder a empleos fijos y bien pagados.

Como las pescaderías las llaman tan poco para pelar camarón, cuando ocurre, tienen que esforzarse mucho para sacar la mayor paga posible, pues no saben si habrá otra oportunidad.

A veces las contactan una sola vez en toda la semana y, en muchas ocasiones, ni una.

La tarea es dura, pues el kilo de camarón pelado se paga entre ¢300 y ¢400. O sea, que si el producto es muy pequeño, tienen que esmerarse el doble.

Suponiendo que se les reconozca con el precio más alto, cada mujer tiene que pelar al menos 12,5 kilos en un día para ganarse ¢5.000.

Ese monto supone un “día bueno”, asegura Marlene García Potoy, de 58 años y quien se dedica a esta actividad desde los 12 años.

“Vamos por la necesidad. En todas las pescaderías nos humillan. Nos dicen que si queremos pelar, que pelemos lo que hay y como sea, y que si no, nos vayamos”, expresa esta madre de siete hijos y también vecina de Bella Vista.

Se trata de una tarea catalogada como “esclavizante” por la Fundación Arias, debido a las extensas jornadas y a las deplorables condiciones de las pescaderías, donde a veces no hay ni un servicio sanitario para las trabajadoras.

Incluso, narran ellas mismas, en ocasiones no pueden sacar tiempo para ir al baño, pues en la dura faena cada segundo cuenta. Cada minuto “perdido” son menos camarones pelados y menos dinero para llevar al hogar.

La casa de Marlene es de peladoras. Dos de sus hijas, Jacqueline Membreño García, de 41 años, y Kattia García Potoy, de 38 años, también buscan el sustento de sus familias en este oficio.

El esposo de Jacqueline, quien es pescador, está sin trabajo. Como pueden, entre ambos intentan salir con la obligación de dos de sus cuatro hijos, así como dos nietos.

Los apuros también alcanzan a Kattia, madre soltera de ocho hijos quien trata de sacarlos adelante vendiendo repostería. “Lo que pedimos es un buen trabajo, para ver las necesidades de cada hijo”, exclama.

¿Hay una salida? En su fallo sobre la pesca de arrastre, la Sala IV dejó abierta una puerta. Si el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) realiza estudios científicos que comprueben la viabilidad de esta práctica sin poner en riesgo el ambiente, sería posible retomarla.

Se trata de un desafío que no ha visto la luz desde el 2013. Recientemente, los diputados acordaron tramitar un proyecto de ley en ese sentido por la vía rápida.

Lo cierto es que, de implementarse de nuevo, “no puede darse en las mismas condiciones que en el pasado”, exhorta Manuel Pérez García, oficial de programas de la Fundación Arias.

“Se habla de que la pesca tiene que ser sostenible, pero no puede ser sostenible que (las peladoras) no tengan seguro social, ni garantías. No puede ser sostenible porque son violatorias de derechos humanos, de estándares costarricenses de trabajo decente y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”, concluye.

Sin estudio, sin seguro y sin pensión

En la carrera de obstáculos que enfrentan las mujeres peladoras de camarón, uno de estos es es la falta de formación técnica para dedicarse a otras actividades económicas.

“No nos dan chance de estudiar, por ejemplo, cómputo, porque dicen que estamos muy viejas”, reclama Iris Arroyo, también habitante de Bella Vista.

Jaqueline es la presidenta de la Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, una organización que agrupa a 120 personas peladoras, especialmente mujeres. Ella da fe de que la edad es una limitante para la formación técnica.

“En todo lado me piden que las mujeres sean menores de 50 años para entrar a cursos de cómputo, de hidroponía y así, pero diay, el 80% de las personas de la Asociación son mayores de 45 años”, enfatiza.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una de las entidades que las apoya con capacitaciones, así como centros de estudios privados que operan localmente.

Como si la situación no fuera lo suficientemente apremiante, al haberse dedicado toda la vida a un trabajo informal, las peladoras de camarón tienen poco acceso a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y ni soñar con una pensión.

Producto de las largas jornadas laborales de pie y con malas condiciones de alimentación, muchas sufren padecimientos como desgaste en las rodillas, artritis, problemas de circulación (várices) y hasta incontinencia urinaria.

“Cuando todas estas circunstancias pasen la factura físicamente, cuando sean adultas mayores, no van a tener atención médica para poder enfrentarlas”, asevera Monserrath Anich, psicóloga consultora de la Fundación Arias.

Según la experta, quien compartió con varias de estas mujeres durante los grupos focales realizados para el estudio, la desesperanza es la tónica.

“El 95% no siente que pueda volver a pelar camarón. Ellas quisieran y están esperando que las llamen. Hay como una espera eterna, pero en el fondo del corazón sienten que esto no va a volver a pasar”, reflexiona.

El hostil entorno no acaba ahí. La anulación del papel femenino en un trabajo que, históricamente, ha sido dominado por hombres es otro de los verdugos de estas trabajadoras.

“En el contexto pesquero prevalece una cultura patriarcal que promueve esa invisibilización y violencia contra las mujeres… Hoy en día, las mujeres participan en todos los procesos de la pesca”, reza la investigación.