El Ministerio de Justicia mandó a preguntar a la Procuraduría General de la República (PGR) cómo se nombrará al nuevo procurador general adjunto de la República, a pesar de que esa es una selección que recae en el procurador general debido a la independencia funcional de la PGR.
El cargo quedó vacante el pasado 15 de junio luego de que la exprocuradora adjunta Magda Inés Rojas Chaves se acogió a su jubilación.
Sin embargo, el interés del Poder Ejecutivo en el tema data de abril y mayo, cuando una asesora legal del ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, envió dos correos electrónicos a Sonia Pérez Hernández, jefa de Recursos Humanos de la Procuraduría General.
El pasado 25 de abril, mediante un correo electrónico, Mercedes Bolaños Alfaro, asesora legal del ministro Gerald Campos Valverde, preguntó “con instrucciones superiores” cuál es el estado de la plaza que dejaría vacante la entonces procuradora adjunta Magda Inés Rojas Chaves.
Bolaños también consultó si la plaza es de confianza o del régimen del Servicio Civil. En este correo fue copiada Yaxiri Artavia Artavia, jefa del despacho del ministro Campos.
En un segundo correo, remitido el 2 de mayo, Bolaños preguntó quién sería el encargado de nombrar al sustituto de Magda Rojas.
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Según justificó la funcionaria, esta última consulta se planteó “en virtud de que hay un acuerdo de nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, cuando se nombró a Rojas Chaves en el puesto de procuradora adjunta”.
Sin embargo, ese acuerdo de nombramiento obedece a que todos los nombramientos del régimen de Servicio Civil se hacen por acuerdo ejecutivo y se deben publicar cuando los funcionarios van a tener poder de representación judicial, no porque de la selección se haya encargado el Gobierno o uno de sus ministerios.
En su página web, la PGR detalla que Magda Rojas fue nombrada procuradora general adjunta según un acuerdo ejecutivo firmado por la entonces presidenta, Laura Chinchilla Miranda, y el ministro de Justicia del momento, Hernando París Rodríguez. No obstante, de la escogencia se encargó la entonces procuradora general, Ana Lorena Brenes.
‘No hay nada oculto’
Consultado por los correos electrónicos enviados a Recursos Humanos de la Procuraduría, el Ministerio de Justicia respondió que “lo realizado por ambas servidoras (Bolaños y Artavia) cuenta con el aval del señor ministro (Gerald Campos), cuyo fin era tener clara la ruta a seguir para la sustitución de la procuradora adjunta actual.
“No hay nada oculto”, añadió la oficina de Prensa del ministerio.
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Por su parte, la directora del Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría, Sonia Pérez Hernández, les respondió a las funcionarias de Justicia, el 3 de mayo, que el puesto de procurador adjunto pertenece al Régimen del Servicio Civil, es decir, no es una plaza de confianza.
“Al ser un puesto del régimen, le corresponde al jerarca de la institución como superior inmediato elegir a la persona que ocuparía ese puesto, en este caso al procurador general, Iván Vincenti Rojas, según el artículo 35 de la Ley Orgánica de la PGR”, añadió Pérez en su respuesta.
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El artículo 35 de dicha ley dispone que para el nombramiento del personal, el procurador general escogerá a los servidores de una nómina que deberá enviar al Servicio Civil.
En el caso específico del nombramiento de procuradores, la nómina debe integrarse con cinco candidatos. Posteriormente, el Servicio Civil deberá calificar a cada uno en un plazo de diez días hábiles.
La ley establece que, si hay igualdad de condiciones personales y de competencia para el desempeño del cargo, debe darse preferencia a los abogados que presten o hayan prestado servicios en la Procuraduría.
El procurador general también puede nombrar al procurador general adjunto sin realizar un concurso, mediante el ascenso de la persona que ocupe el puesto inmediatamente inferior, en este caso, uno de los siete procuradores directores de área
Así fue como Magda Inés Rojas llegó a ser procuradora adjunta, luego de ser ascendida el 13 de diciembre de 2011, tras laborar por 10 años como procuradora directora del Área de Derecho Público.
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En total hay siete áreas: Derecho Público, Derecho de la Función Pública, Derecho Penal, Ética Pública, Derecho Agrario y Ambiental, Desarrollo Institucional y Notaría del Estado.
Funciones del procurador adjunto
El procurador general adjunto tiene funciones e inmunidades similares al procurador general y sustituye a este último en su ausencia.
Al igual que el jerarca, por ejemplo, puede representar a la Procuraduría, acordar arreglos o convenios en procesos legales en los que participe el Estado, designar procuradores ad hoc para casos muy calificados, resolver asuntos técnico-jurídicos y decidir si se eleva algunos casos a salas de casación.
Además, el procurador general debe escuchar al adjunto a la hora de escoger nuevos procuradores. Al jerarca adjunto le corresponde juramentar a parte del personal.
La jefa de Recursos Humanos de la PGR detalló que el acuerdo de nombramiento de Magda Inés Rojas como procuradora adjunta fue confeccionado por el departamento que ella coordina, y publicado en el diario oficial La Gaceta, como lo ordena el artículo 18 de la ley.
Requisitos para ser procurador general adjunto
Magda Inés Rojas dejó la PGR luego haber entrado a la institución el 1.° de setiembre de 1982. La doctora en Derecho Público fue nombrada procuradora general adjunta el 13 de diciembre 2011.
Quien la supla deberá reunir los mismos requisitos que la ley establece para el procurador general, es decir, tiene que ser costarricense por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años de edad.
Además, debe tener por lo menos diez años de graduado como abogado, con título expedido o legalmente reconocido en Costa Rica.
También debe tener, como mínimo, cinco años de ejercicio profesional como litigante activo; o en el caso de los ascensos, haber ejercido el cargo de procurador director durante un lapso no menor de cinco años.
El procurador general adjunto es quien sustituye al procurador general en caso de ausencia, falta temporal o legítimo impedimento.
De hecho, Magda Inés Rojas fungió temporalmente como procuradora general, entre el 3 de mayo de 2022 y el 28 de abril del 2023, tras la jubilación del exprocurador Julio Alberto Jurado Fernández y previo al nombramiento de Iván Vincenti.
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