Entre los planes de Miguel Carabaguíaz, exjerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), figura luchar por la Presidencia de la República en el 2018 con el Partido Republicano Social Cristiano, grupo impulsado por el exmandatario Rafael Ángel Calderón.
Sin embargo, sobre Carabaguíaz pesa una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos impuesta el 23 abril de 2014 por la Contraloría General de la República (CGR). Por eso, sus abogados solicitaron este lunes al Tribunal Contencioso-Administrativo declarar nula medida.
Además, la representación legal del expresidente del Incofer pide una indemnización por ¢100 millones por daño moral.
El ente contralor tomó la decisión debido a titulaciones de tierras consideradas como zonas boscosas patrimonio natural del Estado, entre 2004 y 2005, cuando Carabaguíaz era directivo del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
No obstante, dos días después de la disposición de la Contraloría, el Tribunal Contencioso-Administrativo frenó el castigo al acoger una medida cautelar a favor del exfuncionario.
“Sigo siendo claro que no hice, en aquel momento, nada que me pareciera o que fuera indebido. Recibí un informe en el que, al final, había una recomendación del órgano administrativo de adjudicar, en el informe la conclusión era: ‘señores de Junta Directiva les recomendamos la adjudicación’”, afirmó Carabaguíaz.
Más allá de sus aspiraciones presidenciales, sostiene que su prioridad es limpiar su imagen.
“Lo que yo estoy defendiendo es, simplemente, mi nombre y mis actuaciones, correctas y legales”, enfatizó el expresidente del Incofer.
En el 2006 la Contraloría había llevado este caso a la vía penal pero tiempo después el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa por no hallar dolo en los hechos denunciados.
Fabián Volio, representante legal de Carabaguíaz, argumentó que ese sobreseimiento demuestra que su cliente no cometió ningún hecho ilegal.
Defienden castigo. Francella Navarro, abogada de la CGR, defendió la legalidad la inhabilitación.
La jurista expuso que la extinción de la causa penal no impide a la Contraloría imponer sanciones administrativas.
Con ella coincidió Alonso Arnesto, abogado de la Procuraduría General de la República.
“La Sala (Constitucional) ha dicho que una misma conducta puede generar distintos tipos de responsabilidad, incluida la administrativa”, expresó Arnesto.
”Desde ya rechazamos el argumento de que hubo una actuación ilegal o inconstitucional”, enfatizó Arnesto.
Con respecto al daño moral que ahora reclama Carabaguíaz, Navarro declaró que no hay suficientes elementos para demostrar este tipo de afectación alegada por el exfuncionario.
“Si sufrió algún daño es por su absoluta responsabilidad y no de la Contraloría; él trae noticias periodísticas como prueba para determinar el daño y no procede esta prueba”, afirmó la abogada.