Quince días después de que venció el plazo para que poco más de 19.300 funcionarios públicos y de elección popular presentaran su declaración jurada de bienes como lo estipula la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito, hay más de 500 personas que no han cumplido la disposición.
La Contraloría General de la República tiene en su página web la lista de morosos y está encabezada por más de 100 funcionarios del Poder Judicial, más de 70 de la Caja Costarricense de Seguro Social y alrededor de 40 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Ahora, la entidad debe incurrir en gastos por notificaciones y previsiones para los morosos, quienes, en última instancia, se arriesgan a sanciones e incluso a perder su puesto.
Desde que empezó a regir esa ley, el 29 de octubre del 2004, la Contraloría registra 59 casos de personas investigadas que dejaron sus puestos No obstante, entre ellos puede haber muchos que se fueron porque se les venció el período para el cual fueron electos y no solo por el efecto de la acción fiscalizadora.
En la actual lista de morosos hay gran cantidad de funcionarios de más de 40 municipalidades del país. Muchos de ellos se van del cargo el año próximo, ya que en febrero son las elecciones municipales, por lo que es posible que no presenten su última declaración.
Entre las municipalidades que tienen morosos están las de San José, Tibás, Golfito, Matina, Limón, Atenas, Belén, Alajuela y Abangares.
También las de Cervantes, Corredores, Barva y Cartago.
La lista actualizada este lunes también tiene a funcionarios del Ministerio de Hacienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
La Contraloría realizó giras a las zonas más retiradas del país y facilitó el llenado de la fórmula por la vía digital, pero aún así los incumplimientos persisten año tras año. La declaración se deben presentar los primeros 15 días hábiles de mayo.