Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), afirmó que los Gobiernos pasados se encargaron de eliminar los archivos que registraban las operaciones de la policía adscrita al Ministerio de la Presidencia, algunas de las cuales pudieron efectuarse al margen de la ley.
“Los indicios que tenemos son que, a través de distintos gobiernos, se han organizado grupos de trabajo específicos para llevar a cabo diferentes tareas, y esto lo que ha generado es que, al final de cada administración, se haga una ‘limpia’ de expedientes”, dijo Figueres en la Casa Presidencial.
La aseveración de Figueres sobre la presunta destrucción de documentos se da en medio de un debate político sobre el futuro de la DIS. En el pasado se le atribuyó haber sido un instrumento para afectar a los opositores de la administración de turno, mediante seguimientos o infiltraciones.
“Me parece muy lógico que cada administración haya limpiado. No va a dejar uno pruebas de que ha hecho algo ilegítimo. Una de las fortalezas de la nueva ley (proyecto de reforma) es que nos da herramientas para evitar que esas situaciones se vuelvan a dar”, dijo Figueres.
Sin embargo, las declaraciones del jerarca no cayeron bien en oídos de exdirectores de Inteligencia, quienes niegan tal afirmación.
Tal es el caso del abogado Mario Soto, cabeza de la DIS durante una parte del gobierno de José María Figueres, entre 1994 y 1996.
“No encontré ninguna irregularidad de quien me entregó el cargo a mí. Yo entregué completa (la documentación) a Mario Charpantier y, en adelante, no he tenido rastros de que se extrajeran documentos de los archivos”, dijo Soto.
A Soto le pidieron cuentas en el Congreso en 1996 por un supuesto caso de espionaje telefónico realizado desde una empresa llamada Astur Seguridad, S. A., la cual tenía nexos con la DIS. Nunca hubo cargos en contra de Soto.
A su vez, el exministro de Seguridad Mario Charpantier, quien fue director de la DIS después de Soto, recalcó que ni en su gestión ni en otro momento ha tenido conocimiento de destrucción de archivos.
“Al final (de la Administración) había que entregar los informes, y así se hizo. Los informes eran enviados al ministro de la Presidencia, quien era el superior inmediato (...). Sí es cierto que había investigación”, dijo Charpantier.
Se intentó conocer las versiones de Mauricio Boraschi y Roberto Solórzano, directores de la DIS en las administraciones de Laura Chinchilla y Óscar Arias, pero no fue posible obtenerlas.
Según Figueres, de aprobarse el plan de ley que impulsa el gobierno de Luis Guillermo Solís sobre la DIS , habría mejores controles sobre los archivos, los cuales serían revelados 20 años después, aunque acepta que eso no es garantía total.
El plan prohibiría a la DIS influir de manera ilegal en la situación política, social, institucional y económica del país, aunque mantiene el secreto de sus operaciones y no especifica cuáles son sus métodos para actuar.