El manejo de la liquidez en el sector público es tan complejo que se asemeja a un edificio con un sistema de tuberías lleno de fugas e ineficiencias, señaló la Contraloría General de la República (CGR).
Las diferentes instituciones serían los tubos y las fugas son los altos costos que pagan los contribuyentes en intereses, costos operativos y comisiones bancarias.
“Es poco transparente, desintegrado y con grandes brechas de eficiencia. En el edificio que ejemplifica al sector público y sus diferentes sectores institucionales, observamos fugas de liquidez y saldos ociosos que no generan eficiencias”, graficó Julissa Sáenz, gerente del Sistema de Administración Financiera de la CGR.
Para el 2018, el 86% del dinero público estaba fuera de las cuentas de la Caja Única de la Tesorería Nacional, esparcido en numerosas cuentas bancarias. Actualmente, existen 93 plataformas de cobro y pago en todo el sector estatal.
Para solventar el problema, la Contraloría les propuso a los diputados emigrar a un esquema más simple, con menos tuberías y con conexiones más directas que permitan tener un mejor control de los flujos, a fin de que estos lleguen con más rapidez a los ciudadanos convertidos en servicios públicos, sobre todo en momentos con estrechez fiscal como el de ahora.
Se trata, según expuso Julissa Sáenz en la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del proyecto para centralizar las cuentas de las entidades en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Este consiste en que el BCCR sirva de cajero del Estado y la Tesorería Nacional administre una única plataforma digital de ingresos y pagos mediante el control de las cuentas cuyo dinero, en ningún momento, dejan de ser cada institución.
Con un manejo de este tipo, el país se ahorraría anualmente un 1% del producto interno bruto (PIB), dijo la funcionaria, cerca de ¢380.000 millones.
Un 0,5% (¢189.000 millones) se economizarían a través de la reducción del pago de intereses, un 0,4% por la reducción (¢151.400 millones) en costos operativos y un 0,1% (¢37.850 millones) en comisiones bancarias.
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Al mismo tiempo, expuso Sáenz, el cambio generaría beneficios no cuantificables como darle trazabilidad a la liquidez, rendición de cuentas y que los recursos públicos se transforman en bienes y servicios de forma más transparente y eficiente.
El círculo vicioso
En cuanto a los ahorros cuantificables por el pago de intereses de la deuda pública, Sáenz comentó que este se obtendría al evitar el ciclo en el que el Gobierno Central gira una transferencia a determinada institución, esta la recibe, “no la gasta y la vuelve invertir en en la compra de títulos de deuda del Gobierno”.
“El Gobierno vuelve a pagar tasas muchos más altas y, en ese mecanismo, es que se genera una ineficiencia. Podríamos recuperar un 0,5% del PIB (¢189.000 millones).
“Mantener saldos ociosos no beneficia a la ciudadanía y genera inequidades”, agregó.
Sobre las comisiones transaccionales de cobro y pago, añadió, hoy las instituciones negocian de forma individual con el sector financiero de manera dispersa. “Obtienen cobros diferenciados, mientras que la Tesorería Nacional, por un tema de volumen, puede aprovechar economías de escala que generaría ahorro en el pago comisiones”, explicó.
Sáenz explicó que bien se podría utilizar la plataforma de transacciones Sinpe, pues esta cuenta con parámetros de seguridad y de interoperabilidad.
La funcionaria sugirió a los diputados tomar en cuenta que la finalidad de los recursos es cumplir un fin público, no generar rendimientos financieros y que la unidad de caja es un concepto neutral con respecto al funcionamiento de las instituciones y no se asocia con la naturaleza jurídica de ellas, entre otros.
“Es decir, no tiene que ver con su naturaleza jurídica, no tiene que ver con autonomías”, insistió.
También les recomendó tomar en cuenta que la centralización se aplicaría gradualmente, en un plazo aproximado de cuatro años luego de aprobarse la ley.
El proyecto aplicaría para todos los recursos líquidos propiedad del Estado, excepto las empresas en competencia, los fondos de pensiones y la seguridad social. Para estas, el ingreso al nuevo esquema sería voluntario.
Dudas de los diputados
Durante la exposición, los legisladores expusieron dudas. Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), consultó sobre el destino del canon pagado por APM Terminals por el manejo del puerto de Moín, en Limón, o la disminución de las utilidades de la banca comercial del Estado al tener menos recursos de las instituciones.
Sobre este último, Sáenz recordó el concepto de gradualidad de la aplicación de la reforma.
Nielsen Pérez, legisladora del PAC, consultó si la legislación afectaría las autonomías constitucionales de las entidades y Shirley Díaz, independiente, dijo estar preocupada por la formulación de los presupuestos.
La contralora general, Marta Acosta, respondió que las autonomías no se afectarían dado que las instituciones no perderían la titularidad de los recursos.
“No se les está diciendo a las instituciones que no van a disponer de los recursos. Tendrán total disponibilidad. Lo único que se les pediría es la programación de los recursos que es libre de definir por parte de las instituciones. La programación sería utilizada únicamente para que la Tesorería pueda hacer estimaciones o mitigar riesgos”, respondió Acosta.
El Poder Judicial, puso de ejemplo la jerarca, ya maneja sus fondos en la Caja Única del Estado. El proyecto, añadió Sáenz, no se relaciona con la presupuestación.
Otto Roberto Vargas, congresista del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), consultó sobre el tiempo en el que se empezarían a ver los ahorros.
“Los recursos que se ahorran se podrían perfectamente abonar a la deuda del país. No puedo decir en cuál año, dependerá cuando se aprobaría y en el mes 48 se empezaría a aplicar. Es un tema de largo plazo. Empezaremos a construir ahora para ver los frutos en el futuro”, respondió la contralora general.
Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, requirió más información sobre los rendimientos y Ana Lucía Delgado, del PLN, expuso que el proyecto permite a las instituciones planificar sus ingresos y pagos.
Delgado preguntó si la redacción contiene algún proceso ante la tesorería en caso de eventualidades.
Sáenz explicó que el proyecto regula la programación financiera y, además, establece una reserva de liquidez. Esta permitiría tener los saldos a disposición para devolverlos a las entidades y, al mismo tiempo, regularlos ante una eventual iliquidez.