Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron este lunes facilitar un analista criminal del OIJ a la comisión de diputados que investiga el caso del cemento chino y el otorgamiento de un crédito a Coopelesca para la compra de una planta hidroeléctrica a Holcim.
De esa manera, revirtieron una decisión anterior del Consejo Superior del Poder Judicial, el cual había denegado la colaboración solicitada por el Congreso.
El funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solo ayudará a los diputados a sistematizar la información y llenar vacíos, pero no sugerirá líneas de investigación, como en un principio planteó ese foro.
La solicitud inicial la hizo la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios al director del OIJ, Wálter Espinoza, quien estuvo anuente a facilitar al analisita, pero primero le pidió permiso al Consejo Superior del Poder Judicial.
Ese órgano, el pasado 7 de setiembre, presidido por el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, rechazó la petición bajo el alegato de que ceder un funcionario para esa investigación constituiría una falta al principio de división de poderes del Estado.
La decisión fue criticada por la magistrada constitucional Nancy Hernández, quien considera que el tema de relación entre poderes no debió conocerse en el seno de Consejo Superior, sino en la Corte Plena.
Además, aseguró que en el pasado, en tres ocasiones, se le facilitó un analista al Congreso para una tarea similar, específicamente a la Comisión de Narcotráfico.
Ella fue quien propuso que se facilitará el préstamo del analista, mediante un permiso con goce salarial.
Al final, la votación quedó 19 contra tres. Los miembros de la Sala Tercera se abstuvieron, pues tienen una demanda abierta.
Los integrantes de la Sala Penal fueron denunciados este lunes por el Sindicato Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) como sospechosos del delito de prevaricato por emitir resoluciones contrarias a la ley, al acoger la desestimación de una causa por presunto tráfico de influencias contra los diputados Víctor Hugo Morales Zapata (ahora independiente, pero que era del PAC), y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, ligada con el cemento chino.
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La Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios podrá continuar con sus interrogatorios hasta el próximo 10 de noviembre, luego de que este lunes se aprobó una moción en el plenario para darle más oxígeno al panel investigador y permitir que siga reciba nuevos comparecientes.
La moción tuvo el apoyo mayoritario de las fracciones del PLN, el PAC, el Frente Amplio y el PUSC, así como libertarios y bancadas minoritarias, quienes sumaron 41 votos.
Además de convocar a los magistrados de la Sala III, la Comisión aprobó llamar a audiencia a la expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias Vanessa Rosales, para que aporte información sobre las gestiones que hizo el exdiputado Víctor Hugo Víquez en favor de Bolaños.
En el Congreso, se analiza el otorgamiento de dos líneas de crédito por $30 millones en el Banco de Costa Rica (BCR) a la empresa Sinocem Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños, así como un tercer préstamo de $32,7 millones concedido a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para comprar la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la cementera Holcim. En ambos casos, los diputados analizan si existió un supuesto tráfico de influencias.