EscucharEl Consejo Superior del Poder Judicial negó a los diputados un analista criminal que ayude a identificar si se cometieron delitos en el trámite de los créditos que el BCR les otorgó a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) y a la empresa importadora de cemento chino Sinocem.
El Consejo, presidido por el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, argumentó que ceder un funcionario para esta investigación legislativa constituiría una falta al principio de división de poderes del Estado.
El acuerdo se tomó en la sesión del 7 de setiembre de este año y fue comunicado a la Comisión Investigadora de Créditos del BCR el pasado jueves 28 de setiembre.
"No es posible acceder a lo solicitado, por cuanto el Poder Judicial no debe participar en este tipo de investigaciones por el principio de división de Poderes del Estado, en vista de las eventuales consecuencias que puede tener el resultado de este tipo de investigaciones", contestó la Corte.
El 31 de agosto, los diputados aprobaron una moción para solicitar a la policía judicial un analista que "contribuya a sistematizar los hechos, analizar las relaciones entre los presuntos implicados, identificar vacíos de información y sugerir líneas de investigación a los diputados".
Esta persona asistiría a las audiencias que se realizan a funcionarios, directivos de banca y demás figuras públicas por el caso del cemento chino y del préstamo a Coopelesca para la compra de una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, no descartó la colaboración en una nota que envió a la Corte el pasado 6 de setiembre.
La disponibilidad del OIJ solamente estaba condicionada a la aprobación de una persona sustituta de la analista criminal que asumiría la responsabilidad de asistir a las audiencias en el Congreso.
"Con el propósito de honrar esta solicitud de colaboración legislativa, si el honorable Consejo Superior así lo autoriza, y según las elevadas cargas de trabajo que maneja los analistas criminales de este Organismo, respetuosamente se solicita aprobar una licencia con goce de salario y sustitución para la servidora María del Carmen Vargas Quesada, quien ocupa la plaza N° 55688 en la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones de este Organismo, ya que de otra forma, acceder a la colaboración solicitada por la Asamblea Legislativas incidiría negativamente en las labores ordinarias de este Organismo", señaló Espinoza.
No obstante, el Consejo Superior declinó la colaboración solicitada.
Informe especializado
El presidente de la Comisión Especial, Ronny Monge, reconoció que los diputados no tienen el nivel de especialidad para identificar todos los posibles delitos que se vislumbren a la luz de las comparecencias que realizan.
Según el congresista, la colaboración del OIJ les hubiera ayudado a tener un mejor criterio para el informe final que deben rendir los miembros de la comisión al finalizar el proceso, el próximo 25 de octubre.
Los diputados prevén enviar las conclusiones de la investigación política al Ministerio Público para que eventuales acusaciones a funcionarios públicos sobre tráfico de influencias y otros delitos.
Sobre las conclusiones, Monge adelantó que uno de los delitos más evidentes durante las comparecencias ha sido el falso testimonio de funcionarios que se contradicen en sus declaraciones.
Poder Judicial en la mira
En esta comisión legislativa están convocados a comparecer el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, por haber coincidido con Bolaños en un viaje a Panamá y en las afueras de la Corte en San José; así como el fiscal general, Jorge Chavarría, a quien el diputado Ottón Solís ha acusado de inacción.
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La investigación sobre el cemento chino también dio paso para nuevas investigaciones en el Poder Judicial. Entre ellas, el proceso disciplinario que se inició contra Celso Gamboa, por acuerdo de sus colegas de Corte.
Además, la Corte pidió al Tribunal de Inspección Judicial investigar las acciones del fiscal general en los nueve expedientes del Ministerio Público relacionados con los créditos.
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A estas audiencias legislativas han asistido desde el presidente de la República, miembros de juntas directivas del BCR, Banco Popular, Bancrédito, gerentes de las entidades financieras, funcionarios públicos de la administración Solís Rivera, el mismo Bolaños y la junta directiva de la cementera Holcim, que vendió la plata de Aguas Zarcas a Coopelesca en condiciones que los diputados cuestionan por la participación del entonces fiscal de la empresa, Alberto Raven, nombrado también en la Junta Directiva del BCR.
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