El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reconoció que el caso del cemento chino le ha causado un daño a la imagen de su administración. Lo dijo este martes en la primera conferencia de prensa que ofrece desde que volvió a funciones este lunes, después de una incapacidad de tres semanas.
"Me siento tan indignado como cualquier ciudadano al ver los alcances de las denuncias que se han hecho. Y mal haría negando el impacto negativo que esto tiene sobre la imagen de la administración, y sobre la imagen de la política en un sentido más amplio incluso y los efectos de esto (el caso del cemento) sobre la institucionalidad costarricense, que en algún momento ha sido puesta en cuestión", señaló.
Antes de dar explicaciones a los medios de comunicación, Solís hizo una amplia reflexión ante los periodistas sobre la coyuntura nacional, misma que elaboró, según dijo, durante su periodo de incapacidad.
Solís dijo que, si bien hay que aceptar el peso del caso del cemento chino en la agenda nacional, hay que ponderar, también, las "buenas noticias" que él ve que está generando el Gobierno.
Presionado por los medios, Solís reiteró que no cederá a las exigencias de los diputados que integran la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, de que destituya de sus puestos al director de la DIS, Mariano Figueres, y al viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez.
Al jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) los diputados le cobran no haberle protegido la espalda al mandatario al no haberle advertido quién era Juan Carlos Bolaños, con quien Solís aceptó reunirse en diciembre del 2015.
Al viceministro, los legisladores lo señalan por haberle pedido a su subalterno, Benito Coghi, director de Aduanas, que aplicara un mecanismo expedito para desalmacenar 22.000 toneladas de cemento que importó Juan Carlos Bolaños desde China.
El mandatario dijo que ninguno de los dos se va, porque no cree que con esa decisión vaya a contribuir con las investigaciones y porque ambos, según él, están desempeñando labores de relevancia dentro de su administración.
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A Rodríguez, por ejemplo, el mandatario le encomendó negociar los alcances de los proyectos de ley de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo presentó ante los diputados con el afán de reducir el déficit fiscal.
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“Él (Rodríguez) está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien y no creo que la destitución cambie ninguna de las condiciones que en este momento se requieren para dar transparencia. Y hay otra razón, es que ya este proceso está judicializado, y en el caso de don Fernando también y será la representación judicial la que proceda en la definición de si se tipifica o no el tráfico de influencias, me parece que esa es la racionalidad”, justificó.
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Y, de inmediato, Solís salvó cualquier responsabilidad de parte de Figueres en un posible fallo en sus funciones al haberle permitido a Juan Carlos Bolaños acceder al Despacho Presidencial.
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"El acompañamiento que me dio en la única reunión que tuve con don Juan Carlos Bolaños, que se produjo en ausencia del señor exministro de Economía (Welmer Ramos). En ese momento no se conocían cargos como los que hoy se conocen contra don Juan Carlos y él me advirtió de que era un empresario muy agresivo que venía a hablar de requisitos que no se le habían atendido y que él venía a explicarme el sentido de su negocio. No hubo ni falta ni descuido de parte de don Mariano en la protección a mi investidura", recalcó el gobernante.
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Solís se lavó las manos e insistió una y otra vez que será el Poder Judicial el que defina la situación de Figueres y particularmente si Rodríguez cometió o no tráfico de influencias al presionar a Coghi para aparantemente favorecer a Bolaños, quien está hoy en prisión preventiva por tres meses.
“Me satisface mucho que el proceso se haya judicializado porque esto ya no está en manos, entonces, de la casualidad, o de las denuncias infundadas, sino que está en manos de las entidades de la administración pública, en sus muy diferentes denuncias y casos que tendrán que resolverse, que es a donde corresponde que tienen que estar”, aseveró.
Atiende denuncia con equipo jurídico de Casa Presidencial
A principios de noviembre, el presidente Solís fue denunciado ante el Ministerio Público junto con otros 7 altos funcionarios públicos por presunto prevaricato, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. La denuncia la interpusieron varios ciudadanos.
Al respecto, el mandatario afirmó que apenas se enteró de que había sido denunciado, le pidió a la Casa Presidencial que su equipo jurídico atendiera el caso y dijo que hasta hace diez días no tenían ninguna notificación sobre el avance de la denuncia en su contra.
Por último, Solís negó que su discurso sobre el tema del cemento chino cambiara, y reafirmó que cree que la campaña política ha invadido el caso para perjudicar su gestión.
En agosto, el presidente había dicho que el tema lo estaban usando varios partidos políticos para desestabilizar a su administración con fines político electorales. Dijo que tenía identificados a quienes, según él, estaban actuando de esa forma, y afirmó que Juan Carlos Bolaños era un empresario honrado.
Al ejecutar el Ministerio Público los allanamientos y las detenciones contra Bolaños y seis altos jerarcas del Banco de Costa Rica (BCR), por el financiamiento de $30 millones otorgado al cementero, Solís dio un giro y dijo sentirse tan indignado como el resto de la población por el caso del cemento chino.
Este martes, aseguró que su cambio de criterio no obedece a un doble discurso, sino, a que se han ido sumando nuevo elementos a las investigaciones sobre el asunto.
Respecto del viraje en su relación con el diputado Víctor Morales Zapata, otrora parte del círculo más cercano a la Presidencia, Luis Guillermo Solís no hizo ningún comentario adicional al mensaje que dirigió hace una semana en un video por redes sociales, en el que desmintió al legislador, quien afirmó que todos sus movimientos en el asunto del cemento chino los hizo en coordinación con el gobernante.
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