San José
Dos días después de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) criticara a Costa Rica por controlar el precio del arroz, el presidente Luis Guillermo Solís declaró que, según su entender, al país no le están exigiendo eliminar esta barrera comercial para ingresar a la OCDE.
Sin embargo, admitió que al "club de los países ricos" sí le preocupa el tema, por lo que el Ejecutivo promoverá un debate interno entre gobierno, industriales y productores para sopesar la conveniencia de mantener la medida.
Solís admitió este miércoles que la regulación del arroz es una de las varias preocupaciones que tiene la OCDE sobre las políticas públicas del Estado costarricense, el cual debe hacer correcciones para cumplir con los estándares de las naciones más desarrolladas que forman parte de la Organización, con sede en París.
"(La eliminación de la fijación del precio del arroz) no es requisito para ingresar, por lo menos así no se me ha trasladado de parte de la OCDE. Pero hay preocupación respecto de los temas de regulación de precios en general que, usted sabe, es un tema muy importante en los mercados globales", dijo Solís, después de inaugurar la nueva delegación de la Fuerza Pública de Alajuela, en Montecillos.
Costa Rica fija un precio mínimo para el arroz, lo que impide a los importadores del grano de otros países, como Uruguay y Argentina, vender a los consumidores el producto más barato que los industriales nacionales.
Las críticas de la OCDE constan en el resumen del informe "Políticas agrícolas de Costa Rica", que es parte de la revisión de políticas agroalimentarias, una de las áreas en evaluación dentro del proceso de adhesión a ese grupo, integrado actualmente por 34 países.
El informe fue presentado la tarde del lunes 3 de abril en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
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Aunque insistió en que la OCDE no cerrará la puerta a Costa Rica si no elimina la fijación de precios del arroz, Solís sí reconoció que "no es aceptable" que se mantenga esa política en el marco normativo de la Organización.
"No es aceptable para las reglas de la OCDE que se mantenga una actitud proteccionista 'estricta'. Entonces, lo que estamos haciendo es trasladándole a la OCDE nuestras preocupaciones y modificando aquellas regulaciones que puedan lucir proteccionistas o que indebidamente interfieran en el nivel de precios en el mercado. Pero ese es un gran debate", reconoció.
El mandatario dijo que la Organización "entiende" que Costa Rica debe adentrarse en un debate interno entre el Gobierno, los productores arroceros y los industriales, para buscar alternativas que no perjudiquen económicamente a los agricultores del país.
"En un escritorio de una oficina burocrática alguien puede decir: 'no, mire, eso está mal, eso va contra el libre comercio (la fijación del precio), quítelo'. ¿Y la gente (los productores) qué hace? ¿Se muere de hambre? No, el Gobierno tiene que ser responsable con eso y yo he dicho que si lo que hay que hacer es buscar cómo salvaguardar la estabilidad social de nuestros productores agropecuarios lo vamos a hacer y lo hemos hecho en todos los casos", se explicó Solís.
La administración de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) dejó listo un decreto ejecutivo para eliminar la fijación de precios del arroz, política que coordinan los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Empero, al asumir el mando del Poder Ejecutivo, Solís más bien emitió otro decreto que revivió la fijación de precios del grano básico.
En el 2014, la fijación mediante decreto de un precio mínimo para el arroz frenó la venta al consumidor de grano importado más barato.
En ese momento, una empresa denunció que el decreto la obligó a colocar el arroz a los minoristas a ¢1.488 la bolsa de 1,8 kilos de la calidad con 95% de grano entero, mientras podría haber vendido hasta en ¢1.191 el paquete.
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La política de fijación de precios del arroz también ha provocado que en el pasado varios países alerten al Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de que Costa Rica aplica medidas proteccionistas en el mercado arrocero que perjudican las importaciones del grano. Varios socios alegaron en ese foro que la política de fijación de precios viola reglas de la Organización contra los subsidios.
Pese a eso, la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Parlamento aprobó por unanimidad, a principios de este año, una moción para solicitarle al Poder Ejecutivo que suspendiera la importación del arroz pilado para favorecer a los productores nacionales.
Ante esto, el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos, hoy precandidato presidencial del PAC, recalcó que el Ejecutivo no tiene esas potestades, al estar obligado a cumplir con lo dipuestos en los tratados de libre comercio que el país firmó.
Costa Rica aspira a que en mayo próximo el Comité de Agricultura le dé el visto bueno en esta área, tal como ha ocurrido ya en los de Comercio y Salud.
El país aún debe someter sus políticas públicas y su estructura estatal en otros 20 comités.
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Solís dijo que la OCDE no obliga al país, para darle el aval, a que llegue al proceso de calificación con todos los temas agrícolas resueltos. El viceministro de Comercio Exterior (Comex), agregó en este sentido que la OCDE sí pide un compromiso del país para resolver los temas que señala como contraproducentes en materia de políticas públicas.
Agregó el presidente que su Gobierno, además de echar a andar una negociación con los productores e industriales arroceros sobre el tema de la fijación del precio del cereal de consumo básico, también emitió un decreto para eliminar la práctica del bandeo (la adición de otros productos como regalía en las ventas de arroz) para igualar el mercado para todos los competidores.
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"La diferencia entre obligación y avances significativos es muy pequeña y hay que buscarla, porque no en todo la OCDE nos obliga a hacer ciertas cosas. Estamos en ese diálogo, en esa tarea", zanjó Luis Guillermo Solís.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) calcula que Costa Rica demanda unas 20.000 toneladas mensuales del grano.