San José
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, le quitó fuste al informe que el Ministerio de la Presidencia preparó sobre 39 ministros y viceministros de cuatro gobiernos que cobraron el incentivo salarial conocido como prohibición, sin que en los expedientes de Casa Presidencial aparecieran constancias de los requisitos necesarios.
Este jueves, Solís afirmó que el estudio enviado a la Contraloría General de la República no es una acusación sobre supuestos actos ilegales. En especial, lamentó que el documento presidencial incluyera a un viceministro de Ambiente fallecido en marzo del 2013, de nombre Andrei Bourrouet, error que consideró como "muy lamentable".
"Yo no vi la lista antes, yo no fui consultado. Forma parte de un trabajo del Ministerio de la Presidencia. O sea, sí me informaron de que se estaba recopilando la información pero yo no vi la lista física con los nombres ordenados (...). Si alguna persona ya estaba fallecida, yo lo lamento mucho, me parece que es un error muy lamentable, no había ninguna razón para que nosotros lo supiéramos tampoco", se excusó el mandatario.
El martes, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, informó de que envió a la Contraloría un informe sobre supuestos pagos por prohibición (65% del salario base) a exjerarcas en cuyos expedientes no encontraron alguno de dos requisitos básicos: título profesional o constancia de estar adscrito al colegio profesional respectivo.
Así lo hizo luego de que trascendiera que ocho de los miembros del equipo de Luis Guillermo Solís cobraron prohibición sin cumplir requerimientos. Este plus se paga evitar que los funcionarios ejerzan sus profesiones liberales. La Procuraduría aclaró que, para devengar el beneficio, es indispensable estar colegiado en los casos en que la membresía es obligatoria.
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La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, por ejemplo, debió comprometerse a devolver ¢27 millones por haber cobrado el plus sin ser licenciada en Derecho y sin estar colegiada.
"Quiero reiterar lo que ha dicho don Sergio Alfaro: ahí no ha habido acusación ninguna. Nadie ha dicho que las personas que se mencionan en esa lista que se trasladó a la Contraloría hayan cometido un acto ilegal, ni mucho menos. Y yo sigo pensando que la inmensa mayoría de ellas, sino todas ellas, son víctimas de un proceso que ha sido engorroso, complicado, administrativamente basado en resoluciones contradictorias de entidades reguladoras. No tengo ningún elemento que me indique que se haya hecho un envío culpabilizando a nadie", reconoció Luis Guillermo Solís este jueves, durante su conferencia de prensa semanal.
El documento del Ministerio de la Presidencia incluía a seis miembros del gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), ocho del de Óscar Arias (2006-2010), 17 del de Laura Chinchilla (2010-2014) y 8 del de Solís.
La investigación la realizó el Ministerio de la Presidencia a solicitud del propio Solís. La oposición le achaca una intención de demostrar que, al menos durante los tres gobiernos anteriores, también se dieron casos de ministros y viceministros que cobraron la prohibición del ejercicio liberal de la profesión sin cumplir con los requisitos que exige la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
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Pese a ser quien propuso el estudio, Solís alegó hoy que el Ministerio de la Presidencia no le trasladó el estudio para su revisión antes de enviarlo a la Contraloría General de la República para que ese órgano decida si ocurrieron ilegalidades o no.
Sin mala intención. Después de que la Casa Presidencial hiciera pública la nómina de casos, al Gobierno le llovieron los reclamos de parte de varios exjerarcas que figuran en la lista y de otros que fueron investigados.
Por ejemplo, la diputada Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional, dijo que evalúa tomar acciones legales contra la Presidencia por haber consignado en una lista preliminar que ella no contó con la colegiatura requerida, para cobrar prohibición, mientras fue ministra de Trabajo durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
José Lino Chaves, quien fungió como viceministro de Mares y Aguas en ese mismo Gobierno, añadió que está colegiado desde que obtuvo su licenciatura en Derecho, hace más de 30 años, pese a que Casa Presidencial lo reportó ante la Contraloría como si no hubiera cumplico con ese requisito para cobrar el plus salarial.
Sin embargo, Luis Guillermo Solís rechazó que las intenciones de su Administración al indagar en gobierno pasados fuera disimular los ocho casos de cobros irregulares que tiene en su Gabinete. Además, negó que todo se tratara de una movida para sacarse un clavo político.
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"No hay aquí ninguna intención que no sea la de que se aclaren todos esos casos, de forma que podamos proceder y que esta situación se arregle para que ninguna otra administración tenga que pasar por estas situaciones que hemos conocido, que son verdaderamente deplorables y que deben ser atendidas para que haya orden en la adjudicación de estos beneficios. No veo que haya ninguna intención de mala fe en el envío (a la Contraloría)", afirmó Solís ante los medios de comunicación.
Y finalizó con la reiteración de su argumento de que no hay corrupción en el hecho de que, por error, los jerarcas y exjerarcas cobraran prohibición sin cumplir con la Ley.
Según Solís, "lo que hay es un enredo que tenemos que resolver y que estamos resolviendo empezando por donde hay que empezar,que es por las investigaciones para saber exactamente qué pasó en cada caso".
La Contraloría todavía no se ha pronunciado sobre el uso que le dará al estudio que le remitió la Casa Presidencial.