El presidente Luis Guillermo Solís afirmó ayer que el país debe arriesgarse y aprobar el préstamo de $395 millones con China para ampliar la ruta 32, entre Pococí y Limón, pese a que algunos legisladores todavía tienen dudas sobre el contrato.
Según el mandatario, si bien todavía hay preguntas sobre el crédito que obligaría a contratar a la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC), estas son secundarias y se pueden aclarar durante la marcha.
“Es probable que todas las dudas no estén resueltas. El mismo ministro (Carlos Segnini, de Transportes) ha dicho que se van a saber probablemente después, pero es que también hay que arriesgar. Este es un país en el que no podemos estar absolutamente seguros de todo, lo que sí hay que hacer es garantizar que no hay ilegalidades”, argumentó el gobernante.
Antes de asumir, Solís dijo que no consentiría las condiciones que la expresidenta Laura Chinchilla aceptó al firmar, en el 2013, el préstamo para ampliar a cuatro carriles la ruta de 107 kilómetros, mientras los entonces diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) cuestionaban el plan.
El PAC objetaba, por ejemplo, que el presupuesto se fijara sin diseños y que un 25% se justificara en gastos imprevistos.
El mandatario defiende ahora el crédito, pagadero a 20 años, con el argumento de que la mayoría de cuestionamientos se ha aclarado y es para desarrollar una obra necesaria: “No podemos tener un puerto de calidad internacional (el megapuerto de Moín) con una carretera de tercer mundo. Se está necesitando hacer esa carretera y creo que la mayor cantidad de preguntas que se tenían han sido respondidas. Faltan algunas, pero seguir frenando esta carretera es ponerle una lápida encima al desarrollo de la provincia de Limón y al país”.
El Gobierno urge a los diputados a votar el crédito, el cual sería complementado con un aporte de $90 millones de Costa Rica.
Últimos ajustes. El lunes, por solicitud del Gobierno, los diputados aprobaron dos mociones para modificar el préstamo antes de votarlo la próxima semana.
Según la jefa de la fracción del PAC, Emilia Molina, uno de los cambios consistió en aclarar que se aplicará la nueva ley de expropiaciones, que es más ágil.
Además, se establece la posibilidad de hacer ajustes al proyecto y se ordena contratar instituciones públicas para fiscalizar la obra, como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) o el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Además, se sube de 10 a 30 días el plazo para programar la relocalización de servicios públicos a partir de la definición de la obra.
Aunque, originalmente, el PAC se oponía porque no había un anteproyecto, ahora se da por satisfecho con que China se lo entregara al ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, quien aún no lo aprueba.
Empero, no todo el oficialismo avala el riesgo que el presidente está dispuesto a correr.
Para Ottón Solís, el proyecto “era una chambonada cuando el PAC atacaba al PLN desde la oposición” y hoy sigue siéndolo.
El diputado cuestiona que China escoge a dedo a la empresa constructora y que la tasa de interés es seis veces más cara que la del crédito japonés para desarrollar plantas geotérmicas. El legislador Franklin Corella califica de “portillo peligroso” la opción de hacer ajustes en el camino.
El presidente Solís se defendió así: “No estoy hablando de autorizar chambonamente ninguna obra y poner en riesgo el interés nacional... Garanticemos que lo que se está haciendo es lo suficientemente bueno”.
La fracción del Frente Amplio, por su parte, se dio por satisfecha con que el Gobierno prometiera incluir $20 millones en el Presupuesto Nacional del 2016 para expropiaciones de la obra.