Un proyecto de ley que ya está en el plenario legislativo, después de ser dictaminado positivamente en la Comisión de la Mujer el 25 de abril, garantizaría el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos quirúrgicos y no quirúrgicos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El plan establece que las personas que se acerquen a los centros de salud, para solicitar métodos de planificación, deberán recibir un trato digno y no discriminatorio con base en fundamentos científicos.
En el caso de los métodos no quirúrgicos, como pastillas, preservativos, inyecciones o implantes, la CCSS deberá proveerlos de forma gratuita a los mayores de 10 años que acudan a centros de salud a solicitarlos.
En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el plan establecería la obligación de la Caja de atender los requerimientos de mayores de 18 años, que expresen su intención y consentimiento ante las autoridades médicas.
No podrían someterse a la esterilización quirúrgica las personas que no hayan expresado su consentimiento informado ante la CCSS o que sean menores de edad; tampoco se procedería con esta vía cuándo se evidencie que la solicitud y el consentimiento informado para recibir el método se deriva de la coerción de terceros, o en casos donde el paciente no haya recibido toda la información relacionada con las implicaciones del procedimiento.
El incumplimiento de la ley sería sancionado de acuerdo a lo establecido en Código de Ética Médica el del Colegio de Cirujanos y Médicos de Costa Rica.
La exdiputada independiente Paola Vega, proponente del texto, afirmó que propuso la ley porque hoy esta materia se rige por vía de reglamentos y lineamientos internos con procedimientos muy generales y el inconveniente de que cambian continuamente.
Mediante un criterio enviado al Congreso, la Procuraduría General de la República (PGR) avaló el planteamiento jurídico del texto, cuya justificación señala que busca combatir problemáticas sociales como los embarazos adolescentes, embarazos no deseados y el aborto clandestino.
“La aprobación del proyecto de ley que se plantea en esta oportunidad, es acorde con las obligaciones del Estado respecto a garantizar la salud de los habitantes, en sus distintos ámbitos, incluyendo la salud sexual y reproductiva”, comentó la PGR.
El abogado del Estado señaló que esta iniciativa responde al derecho de acceso a la salud establecido en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
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El ente procurador no señaló vicios legales en el texto; únicamente recomendó a los legisladores solicitar un criterio a la CCSS y al Ministerio de Salud, los cuales serían los órganos encargados de velar por su aplicación.
“Este órgano técnico consultivo considera que el articulado del proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento no presenta vicios que afecten su constitucionalidad o legalidad, ni tampoco encontramos aspectos de técnica legislativa que deban ser corregidos”, detalló la PGR.
La Procuraduría enfatizó en que la intención de la iniciativa es garantizar el derecho de la población a acceder a métodos anticonceptivos autorizados en los servicios del sistema salud, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), promoviendo paternidades y maternidades responsables.
La propuesta busca que este derecho a la salud sea aplicado de forma igualitaria, sin distinción de grupos sociales, religión, conflictos familiares, disconformidad con los valores morales, identidad de género, estado civil de la persona solicitante o historial de relaciones sexuales.
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También, se propone que las personas que presenten alguna discapacidad tengan derecho a recibir información adecuada a sus capacidades que les permita la toma de decisiones respecto de su salud sexual y su salud reproductiva.
La exposición de motivos del proyecto sostiene que, pese a que en 2019 el expresidente Carlos Alvarado emitió un decreto que reforzó los derechos reproductivos y sexuales en materia anticonceptiva, aún quedaban deudas por saldar.
Según el plan, el acceso a técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas, es un avance en derechos humanos que necesita ser normado por ley.
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