Los diputados obligarían al Gobierno a pagar parte de las pensiones de 203 exfuncionarios del Incop que, en el 2009, recibieron un beneficio conocido como “prejubilación”, el cual les otorgaba un giro mensual a partir de los 50 años de edad.
Se trata de exempleados del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) que fueron liquidados luego de que, en el 2006, el puerto de Caldera pasó a manos de la empresa Sociedad Portuaria de Caldera, bajo la figura de concesión.
Además de la indemnización que recibieron los muelleros, el Congreso aprobó dos leyes (en el 2005 y el 2008) que les concedía una “prejubilación” a quienes tuvieran más de 50 años de edad y 25 de laborar para el Incop, si no encontraban trabajo.
El pago, de parte del Gobierno, equivale al 63% del promedio de los 12 mejores salarios recibidos en sus últimos cinco años en el puerto de Caldera.
Las leyes establecieron que, al cumplir la edad para jubilarse por vejez, estas personas debían pasar al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, este miércoles, los 19 diputados de la Comisión Plena II del Congreso tienen previsto votar en segundo debate una reforma para que el Gobierno Central pague la diferencia que dejarían de percibir los exmuelleros al pasarse al IVM.
La medida costaría ¢170 millones anuales, según una estimación del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Al pasar al régimen de la CCSS, un exfuncionario con una prejubilación del Incop de ¢560.000, recibiría una pensión de ¢392.000, debido a que las condiciones son distintas.
En primer debate solo se opuso la libertaria Natalia Díaz.
El plan original lo propuso el exdiputado socialcristiano puntarenense Rodolfo Sotomayor.
En el trámite legislativo se incluyó una modificación para que este aporte de Hacienda en la jubilación de los exmuelleros sea intransferible y, por lo tanto, no se pueda heredar.
El diputado de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, dijo que sus compañeros verdiblancos apoyarán la iniciativa, en vista de que su colega Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dio garantías de que no hay impacto mayor sobre las finanzas de Hacienda.
“En la exposición del primer debate, Henry Mora manifestó que había tenido una reunión con Hacienda y que no había objeciones a que se votara el proyecto. Nosotros, en esa línea, lo votamos”, afirmó Álvarez.
Para Ligia Fallas, del Frente Amplio, la propuesta tiene un profundo carácter social, de manera que se hace “justicia” frente a un acuerdo que fue firmado por los trabajadores en la década pasada.
“En esta condición, quienes quedaron sumamente mal fueron, sobre todo, las mujeres; el problema es horrible porque no podían hacer horas extra y quedaron en una condición terrible”, argumentó Fallas.