El Juzgado Penal de II Circuito Judicial de San José desestimó una causa por supuesta legitimación de capitales en contra de Roberto Rivas Reyes, expresidente del Consejo Electoral de Nicaragua, muy cercano al presidente Daniel Ortega.
Tan cercanos eran que dos hijos de Ortega vivieron en Costa Rica en una mansión de Reyes en Santa Ana, San José.
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Roberto Rivas dirigió el Consejo Electoral de Nicaragua durante 18 años, entre el 2000 y el 2018. Renunció después de que el Gobierno de Estados Unidos le congeló los bienes en suelo norteamericano por aparente corrupción y le prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con él.
En enero del 2018, en Costa Rica, el Ministerio Público le abrió una investigación “luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”.
Rivas Reyes tiene un historial de bienes en Costa Rica.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó desestimar la investigación 18-000004-033-PE por atipicidad, es decir, porque “los hechos investigados no constituyeron ninguna conducta delictiva”.
De acuerdo con el Poder Judicial, la desestimación la dictó el Juzgado Penal el 17 de marzo, al acoger la solicitud planteada por el Ministerio Público el 23 de febrero.
En Costa Rica, Roberto Rivas dirigía una sociedad anónima que, en el 2009, era dueña de cuatro casas y una en construcción en el condominio Villa Real, en Santa Ana, donde residieron dos hijos de Daniel Ortega, Laureano y Maurice, informó en el año 2009 La Nación.
En Nicaragua, la oposición política le achacaba al exmagistrado fraudes electorales a favor de Ortega desde el año 2004, al tiempo que él siempre evitó que sus declaraciones de probidad en la Contraloría General de la República se hicieran públicas, según el diario La Prensa de ese país.
Cuando Estados Unidos lo sancionó por corrupción, hizo hincapié de haber amasado una fortuna teniendo un salario de $60.000 como jerarca electoral.
El mismo rotativo nicaragüense lo vinculó con la compra de tres aviones privados por un valor de $2,3 millones, la construcción de una casa de lujo en el balneario San Juan del Sur y la importación de 14 vehículos de lujo que habría sido favorecida con una rebaja irregular de cinco millones de córdobas ($142.000 al tipo de cambio actual).
Hijo de Josefa Reyes, secretaria privada del fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo desde la década de 1970, el exfuncionario ha justificado su fortuna en sus negocios cafetaleros.
Rivas Reyes fue sancionado el 21 de diciembre del 2017 por el departamento del Tesoro de Estados Unidos al amparo de la Ley Magnitsky, mientras fungía como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua.
Durante la administración de Donald Trump, esa cartera del Gobierno de los Estados Unidos lo señaló de cometer fraude electoral que socavó la institucionalidad y de amasar una fortuna en su país.
La sanción, la primera de decenas emitidas posteriormente a funcionarios y personas del círculo de Ortega, ordenó congelar activos del exfuncionario dentro de ese país y la prohibición a los estadounidense de realizar transacciones con el castigado.
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En Costa Rica, el Ministerio Público de Costa Rica anunció el 9 de enero de 2018 la apertura de la investigación en su contra y, un mes después, en Nicaragua, la Asamblea Nacional controlada por Ortega le retiró a Rivas sus funciones como titular del órgano electoral.
La fiscala a cargo de la investigación, Marianela Zamora, evitó referirse por el fondo a la solicitud de archivo del expediente.
“La fiscala a cargo del caso indicó que no podrá darle respuesta, debido a que las preguntas refieren a información sensible sobre la investigación realizada y, en vista de que el caso se remitió con solicitud de desestimación y ello implica que eventualmente podría reabrirse, no es posible brindar mayores detalles”, comunicó el despacho de prensa del Ministerio Público.
Lo anterior, según añadió esa oficina, se ampara en el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria de la investigación.
Rivas Reyes era un asiduo visitante de Costa Rica. Sin embargo, de acuerdo con Migración y Extranjería, no tiene registro de ingreso al país desde diciembre de 2017, mes de la sanción de Estados Unidos en su contra.
El exmagistrado y su familia usaron el Salón Diplomático del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a finales de noviembre de ese año, el cual está dedicado a presidentes y expresidentes de la República y altos funcionarios del Estado.
La solicitud la realizó la Embajada de Nicaragua en Costa Rica.