Una jueza del Juzgado de Familia de Desamparados planteó a la Sala Constitucional algunas consultas referentes a la aplicación de la Ley de la Persona Joven antes de resolver las solicitudes de unión de hecho presentadas por dos parejas homosexuales, semanas atrás.
Marco Castillo, abogado de los solicitantes, confirmó el inicio del procedimiento en la Sala IV, mismo que servirá como antesala a la resolución por el fondo que pueda dar ese juzgado a las solicitudes.
"El Juzgado de Familia de Desamparados decidió consultar a la Sala Constitucional sobre la aplicación de la Ley de la Persona Joven, que fue reformada recientemente y que pretende que, libre de discriminación, sean reconocidas las uniones de hecho de parejas, independientemente de su orientación sexual", comentó Castillo.
El abogado y líder del Movimiento Diversidad precisó que las consultas fueron sobre si las uniones de hecho entre personas del mismo sexo se deben judicializar o no, si la reforma a la ley modifica o no de forma implícita la prohibición de uniones entre homosexuales y si se debe o no registrar la unión en el Registro Civil.
"Ella (la jueza) plantea a la Sala la consulta de si no deberían ser más bien los notarios los que hagan el trámite y no los juzgados, partiendo de que la unión de hecho es una situación privada", declaró Castillo.
Tras el pronunciamiento de la Sala IV, el juzgado podrá o no "darle el reconocimiento judicial" a las parejas, quw son vecinas de Desamparados.
"El Tribunal no se ha pronunciado; está a la espera de los resultados de la Sala. Espero que la ley pueda prevalecer sobre cualquier prejuicio religioso", indicó Castillo.
A mediados de setiembre de este año, el Juzgado de Familia de San José rechazó la solicitud de Alberto González y Lorenzo Serrano de legalizar su unión de hecho.
En ese momento Castillo dijo que la resolución se había basado en que "el matrimonio es entre hombre y mujer".
El caso de Gonzáles y Serrano, quienes son vecinos de Escazú, tiene pendiente de resolución un recurso de casación en la Sala II de la Corte Suprema de Justicia.
A parte de esos procesos, en el país hay cerca de cinco trámites más.
El 1° de julio de este año, 45 diputados aprobaron el cambio al inciso 4 de la Ley General de la Persona Joven, que establece el derecho a las uniones de hecho "sin discriminación contraria a la dignidad humana".
La reforma levantó después la duda en los legisladores, quienes se cuestionaron si con la modificación abriría un portillo legal a las uniones de hecho entre homosexuales, tanto así que solicitaron a la presidenta Laura Chinchilla vetarla.
La mandataria firmó la modificación a la norma la misma semana y ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta.