El juez chileno Eduardo Vio Grossi tomó por sorpresa al Gobierno de Costa Rica al pedirle una explicación por su decisión de solicitar un criterio sobre los derechos LGBTI, en vez de implementar medidas para garantizarlos por cuenta propia.
"Mi pregunta es muy concreta. Si a Costa Rica le hicieran estas preguntas, ¿la respuesta es afirmativa o negativa?", inquirió el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante una audiencia pública realizada este martes.
Vio Grossi se refería a la consulta del país –por la cual se realizó la audiencia– sobre la necesidad de facilitar el cambio de nombre de personas transgénero, así como sobre si deben reconocerse derechos patrimoniales a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.
"Si a Costa Rica le hicieran esta pregunta, la respuesta tendría que ser afirmativa", contestó Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial.
Ante tal respuesta, el magistrado lanzó una segunda pregunta.
"Si el Estado costarricense está tan convencido de responder afimativamente, teniendo presente que la jurisdicción interamericana es complementaria a la interna, ¿por qué no procede sencillamente?", cuestionó el juez.
El comentario generó murmullos y gestos afirmativos entre los activistas por los derechos de la población sexualmente diversa, quienes acudieron a la audiencia.
"Sin duda alguna, hemos encontrado en el análisis de la jurispruidencia de la honorable Corte IDH avances muy significativos. Sin embargo, estos avances no llegan a ser tan amplios como para poder responder todas las preguntas, y es la razón por la cual el Estado de Costa Rica respetuosamente acude a la Corte: para intentar dilucidar estas dudas y de esa forma poder dar un cumplimientos más real y efectivo a la convención", argumentó Carvajal.
La sesión en la cual se dio el intercambio inició a las 3 p. m. en la sede de la Corte, en Los Yoses, San José.
Como representantes del Estado de Costa Rica, también hicieron uso de la palabra la vicepresidenta, Ana Helena Chacón, y Eugenia Gutiérrez, directora jurídica a. i. de la Cancillería.
"La obligación es adoptar medidas afirmativas ante la vulnerabilidad de un grupo para evitar violaciones a su integridad", dijo Chacón, quien mencionó algunas decisiones del Ejecutivo en materia de derechos LGBTI.
Gutiérrez, por su parte, aseguró que el Estado estaría "atento y respetuoso" de las opiniones que expresaran los participantes de la audiencia.
Como parte del proceso de consulta, también ocho países de la región hicieron observaciones, principalmente para apoyar el deber de garantizar los derechos a esta población.
Ocho países opinan en consulta de Costa Rica a Corte IDH sobre derechos LGBTI
"No se debe crear una figura para uniones de personas del mismo sexo, se debe garantizar la misma protección que a los heterosexuales", expresó Javier Salgado, representante de Argentina.
Por su parte, Erasmo Lara, representante del Gobierno de México, manifestó que todas las personas deberían tener derecho a cambiar su nombre.
Además de ellos, hicieron uso de la palabra delegaciones de Bolivia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y la Defensoría de los Habitantes.
En la sesión del miércoles, la cual se realizará a partir de las 9 a.m., participarán las organizaciones de la sociedad civil.
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