Johnny Araya: ‘Yo he sido víctima de Hacienda’

Contribuyentes sí deben informar dicen Tributación y experto; Sala suspende multa

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Johnny Araya, candidato del PLN, afirmó ayer que él fue una víctima del Ministerio de Hacienda por la notificación que la Dirección de Tributación le envió, el miércoles, para que informara sobre cinco transacciones.

El aspirante de Liberación Nacional (PLN) también alegó que fue objeto de un show mediático impulsado por el sindicalista Albino Vargas, quien publicó en Twitter que Araya sería notificado en su casa, minutos antes de que ocurriera.

Tributación pidió al político reportar, en 10 días, datos que, al parecer, debieron ser entregados en una declaración informativa, a más tardar el 30 de noviembre del 2013.

Araya dijo ayer que Hacienda le solicitó informar sobre cinco puntos: la compra de un auto, la adquisición de unos muebles, un regalo para su esposa, una cancelación de intereses al Banco de Costa Rica (BCR) por un préstamo que contrajo y un pago de ¢160 millones al Instituto Nacional de Seguros (INS).

El aspirante afirmó que nunca hizo semejante desembolso al INS. Esa entidad confirmó que, por error, atribuyó a Araya en sus sistemas de información una póliza patrocinada y pagada por el propio Instituto para los voluntarios y atletas de los X Juegos Deportivos Centroamericanos 2013, cuya organización era presidida y representada legalmente por el candidato.

Sobre el auto, los muebles y el regalo, el exalcalde declaró: “No debí haber informado, no se trata de ninguna empresa lucrativa que yo tengo, son compras de carácter personal por las que yo no debí haber informado”. En cuanto al pago al BCR, sostuvo que fue “un reporte de intereses que tampoco debió haber aparecido como tal”.

“Me parece absolutamente injustificado lo que ha hecho Tributación”, añadió.

Sobre la llamada que hizo al ministro de Hacienda, Édgar Ayales, para averiguar sobre el caso, declaró: “Tal vez no fue lo más apropiado y lo puedo reconocer como un error. Sin embargo, quiero decir que yo he sido víctima del Ministerio de Hacienda, porque me parece que están haciendo algo en una forma indebida y, cuando se trata de información tan inexacta, con mucho menos razón debió hacerse”.

El liberacionista recaba datos sobre las compras para Hacienda y eventualmente haría un reclamo.

Señala deber. Carlos Vargas, director de Tributación, sostuvo que toda persona física o jurídica, que se haya inscrito como contribuyente del impuesto de renta, debe presentar, cada año, la declaración D-151, por la cual se notificó a Araya.

Desde hace más de 15 años, explicó, estos contribuyentes están obligados a declarar todas las compras o ventas de bienes cuyo valor supere los ¢2,5 millones, así como los servicios profesionales cotizados en más de ¢50.000.

Araya confirmó que está inscrito como contribuyente del impuesto de renta.

En el 2012, al aprobarse la Ley de Fortalecimiento Tributario, la multa por omitir la D-151 subió a ¢4 millones, aunque Vargas corroboró que su aplicación está suspendida por una acción en la Sala IV.

“La notificación lo que hace es abrir un período, dentro del cual, don Johnny, como cualquier ciudadano, hace las justificaciones que él estime corresponden en defensa de sus derechos. Nosotros tenemos que evaluar y resolver”, declaró Vargas, quien explicó que la declaración permite realizar un control tributario cruzado .

Añadió que Tributación avisa en los medios sobre la fecha para presentar la D-151.

Alan Saborío, socio director de la firma Deloitte, mencionó que los contribuyentes de renta deben reportar hasta los montos que reciban o paguen por alquileres, honorarios e intereses, aunque él considera la multa desproporcionada.

“Son cruces de información. La idea es que, de alguna manera, la administración comienza a montar una especie de declaración en la sombra. Utiliza la información y la compara”, dijo el experto.

Agregó que es normal que se hagan pedidos de información, que surge de manera defectuosa.

Culpa a sindicalista. Para Araya, lo ocurrido fue un montaje y señaló como posible gestor a Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pues periodistas dijeron haberse enterado por lo que el sindicalista puso en Twitter.

El dirigente sindical admitió que él generó la noticia al publicar información que le llegó por sus fuentes: “La ANEP tiene acceso a bastante información tributaria porque hay mucha persona en Tributación, con una altísima ética, que está conmocionada con los niveles de robo de impuestos”

“Don Johnny no debería enojarse porque se le expone. Es concebible en un ciudadano que aspira al principal cargo político”, añadió.

El director de Tributación dijo que se investiga si la información se filtró. Colaboró Alexandra Araya