El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, confía en que los planes de vivienda de las asociaciones solidaristas le ayuden a cumplir su promesa de eliminar 40.000 tugurios en un eventual gobierno suyo.
Araya afirmó que, de llegar al poder, planea “reactivar los proyectos de vivienda de interés social”, por lo que los programas habitacionales que desarrollan estas asociaciones podrían apoyar esa tarea.
“Tenemos una meta de erradicar 40.000 tugurios en la próxima administración, y mucho de eso se puede hacer con asociaciones solidaristas y también con cooperativas”, afirmó el aspirante.
Araya se reunió ayer con los líderes de la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol), una organización que agrupa a unos 600.000 trabajadores de todo el país.
Para el liberacionista, los programas de vivienda que impulsan estas entidades “son mecanismos alternos que el país tiene que explorar para que los proyectos se puedan desarrollar más ágilmente”, algo que, reconoció, será posible cuando se les garantice mayor margen de maniobra.
“Se debe dar más respaldo para que las asociaciones solidaristas construyan vivienda de interés social y para la clase media, porque son efectivas y eficientes desarrollando ese tema”, resaltó Araya.
Del dicho... Ante los planteamientos de Araya, el sacerdote Claudio Solano, presidente de Concasol, emplazó al candidato del PLN para que, de ganar la segunda ronda del 6 de abril, impulse una actualización a la ley que da sustento jurídico al solidarismo, ya que esta data de 1984.
Solano recordó que en noviembre del 2011 el Congreso le otorgó rango constitucional a estas asociaciones, por lo que el Estado está en la obligación de darles apoyo.
Ante esto, Araya se comprometió con la Concasol a impulsar esa reforma legal en coordinación con la nueva fracción verdiblanca.
Los solidaristas además esperan que una modificación legal permita que pequeñas asociaciones tramiten bonos de vivienda, que se elimine el cobro a estos grupos del 5% sobre sus excedentes y, que puedan administrar los recursos del bono escolar del sector público.