Los jerarcas de los supremos poderes avalan la idea de conceder penas alternativas a los culpables de delitos menores, en vez de enviarlos a prisión, como parte de las medidas para reducir el hacinamiento carcelario.
Tanto el mandatario Luis Guillermo Solís, como la presidenta del Poder Judicial y el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Zarella Villanueva y José Alberto Alfaro, coincidieron en que la privación de libertad no es la única solución para la delincuencia.
Así lo extremaron esta tarde luego de reunirse en el salón multiusos del Poder Judicial, en una cita en la que también participó el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, para discutir asuntos de coordinación y de recursos para mejorar la seguridad ciudadana.
La posición de los jerarcas se hizo pública luego de que dos sentencias judiciales pusieran en aprietos al sistema carcelario. A finales de julio, un juez de ejecución de la pena de San José ordenó el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián, que retiene en su mayoría a personas indiciadas, por considerarla una "jaula humana" con pésimas condiciones para las personas.
Luego, en agosto, una jueza de Alajuela prohibió el ingreso de más reos al ámbito B de la prisión de La Reforma y exigió reubicar 200 a otros centros penales.
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En conferencia de prensa, los jerarcas señalaron la necesidad de aplicar penas alternativas no solo para evitar el encarcelamiento por cualquier delito, sino para promover una cultura de restauración de conductas.
Entre mayo del 2014 y mayo del 2016, el Gobierno otorgó el beneficio del régimen semiinstitucional a casi 6.000 reos mediante valoraciones ordinarias (no por órdenes de jueces), con el cual los sentenciados pueden dormir hasta seis días por semana en sus casas. La medida ha despertado críticas, especialmente cuando algunos beneficiados han reincidido en cometer delitos.
Solís afirmó que las penas alternativas no implican un descuido en la lucha contra la criminalidad. Y añadió que la coordinación entre fuerzas del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial ha permitido una mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia.
Las penas alternativas son definidas por la magistrada Doris Arias como la "prestación de servicios de utilidad pública, la multa y el internamiento para el tratamiento en drogas con supervisión".
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La presidenta de la Corte, por su parte, reseñó que los programas de penas alternativas han venido en aumento, sin que esto implique un descuido para las víctimas que merecen seguridad y paz social.
Aunado a esto, Villanueva reiteró que hay un apoyo total a las medidas alternativas en el tanto se aplique rigurosamente la ley y no se descuide el castigo a delitos menores.
Finalmente, el vicepresidente del Congreso, José Alberto Alfaro, respaldó las posiciones de Solís y Villanueva al señalar que "no necesariamente la pena privativa restaura". Añadió que en la Asamblea se impulsan propuestas para fortalecer medidas alternativas que permitan a los presos trabajar en determinadas actividades y generar un beneficio a la sociedad.