“Hubo un despilfarro de recursos. A nadie le importó la desproporcionalidad y razonabilidad del gasto”. Las palabras se refieren a la forma en que el Partido Acción Ciudadana (PAC) manejó su campaña y provienen de la comisión interna creada para investigar en qué se invirtieron los ¢4.200 millones que consumió el proceso electoral.
El documento de 44 páginas emitido por el grupo investigador nombrado por el mismo partido, combina conclusiones con pruebas documentales, en las cuales se responsabiliza al comando de campaña, dirigido por el actual ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, “de la ausencia de orden y control en los desembolsos”.
En el informe se catalogó como un “derroche” los costos por signos externos y actividades proselitistas en la segunda ronda, así como los premios por ¢75 millones pagados a Iván Barrantes, estratega electoral del ahora presidente Luis Guillermo Solís.
También cuestionó los giros a la firma Producciones Jaulares por diversos eventos políticos, ya que subieron de ¢114 millones a ¢269 millones entre la primera y la segunda rondas, aunque ya no había rival .
El reporte enfatizó el hecho de que fue Jiménez quien autorizó los gastos proselitistas. Asimismo, responsabilizó al anterior comité ejecutivo, encabezado por la actual ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez y los exlegisladores Leda Zamora y Olivier Pérez.
La investigación estuvo a cargo de la exdiputada Sadie Bravo, el extesorero del PAC, Óscar Fernández, y los dirigentes Jeannette Román, Édgar Ruiz, María Eugenia Quesada, Henry Arias, Rodrigo Soto, Gustavo Martin y Fernando Jiménez.
El informe será conocido este sábado en la Asamblea Nacional del PAC que se celebrará en el auditorio de la Conferencia Episcopal, durante la cual el exdiputado Rodrigo Carazo hará su renuncia formal a la presidencia del Partido, la cual anunció el pasado miércoles.
Otro asunto será el debate para definir si se acepta que el diputado Víctor Morales Zapata se reintegre a la fracción legislativa.
Él quedó separado desde enero por ocultar que afrontó una causa judicial en los años noventa.