El Partido Acción Ciudadana (PAC) estuvo a punto de cobrarle al TSE un monto tres veces mayor al que realmente le pagó en campaña al polémico abogado y dirigente Jorge Sibaja Rodríguez.
El PAC certificó haber gastado ¢325 millones en honorarios profesionales de Sibaja e incluyó esa cifra en la liquidación de gastos con la cual cobró la deuda política de las elecciones del 2014.
Así lo hizo pese a que realmente habría cancelado ¢117 millones al abogado, miembro del Tribunal Electoral Interno, quien cobró por autentificar firmas y otros servicios legales.
El 6 de agosto, 24 horas antes de que venciera el plazo para presentar la liquidación de gastos, las nuevas autoridades del Partido introdujeron un último movimiento contable en el documento que ya estaba listo para ser presentado al TSE.
Con ese ajuste, calificaron de incobrable el monto de ¢325 millones por los honorarios de Sibaja que, en su mayoría, obedecían a la autentificación de firmas en los documentos de la campaña, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió de que ese trámite era innecesario.
El abogado fue detenido 24 horas la semana pasada debido a una investigación judicial por un supuesto intento de estafa en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Triple. El monto de ¢325 millones estaba inflado y engrosaba el rubro de honorarios profesionales que el PAC estimó en más de ¢820 millones en su deuda política, que superó los ¢4.200 millones.
Así se desprende de la comparación entre los movimientos bancarios que el Partido reportó cada mes al TSE y la certificación de gastos que reclamó al final.
Cada pago tiene un código, que está presente tanto en las transacciones bancarias como en la liquidación de la deuda. La Nación comparó los códigos y halló que, en el cobro final, la mayoría de los pagos a Sibaja están triplicados.
Por ejemplo, el 20 de enero, el PAC registró una transacción bancaria de ¢1.420.000 a Sibaja, pero en la liquidación de deuda reportó un pago de ¢4.260.000. Luego, el 29 de enero, anotó un desembolso de ¢1.325.000 por los honorarios del abogado, pero certificó ¢3.975.000.
La razón es que Sibaja y el anterior Comité Ejecutivo del PAC acordaron que el abogado cobraría ¢15.000 por cada autentificación de firmas, con la condición de que él recibiría ¢5.000 y los restantes ¢10.000 los cedería como una donación al partido. Aun así, se hacía una sola factura por ¢15.000.
Sin embargo, en la liquidación de la campaña, el Partido incluyó la totalidad de las facturas, con lo cual habría incluido lo que correspondía a donaciones.
En su informe de contribuciones, el PAC reportó haber recibido donaciones por unos ¢185 millones de parte de Sibaja, pero en especie, aunque las facturas del abogado hablaban de efectivo.
El pago millonario a Sibaja fue excluido a última hora luego de que La Nación diera a conocer la magnitud de este y que los demás partidos consideraron innecesario incurrir en gastos tan altos por la autentificación de las mismas firmas.
A Sibaja también se le pagó por elaborar contratos, por una asesoría legal de ¢1 millón mensual y por ¢205.000 en timbres legales.
Sin intención. La tesorera del PAC durante la campaña, Leda Zamora, dijo que ella expuso dudas sobre esta situación, pero los profesionales del Partido y los auditores externos le dijeron que esa era la forma de plantear el cobro, pues se debían incluir los “gastos no efectivos”.
“A mí me generó confusión. Pensé que podían pensar que estábamos camuflando gastos para obtener beneficios, pero me dijeron que eso no iba a suceder”, declaró.
La exdiputada agregó que ella estuvo en contra de la decisión del nuevo Comité Ejecutivo (elegido en junio) de excluir esos pagos de la liquidación en el último momento, porque en su criterio nunca hubo nada anómalo y existe la documentación que respalda los pagos.
“Respeté la decisión, sé que lo hicieron por precaución, pero no comparto la decisión. Los pagos se hicieron a derecho, que hayan sido ineludibles aún se está analizando”, aseveró la exdiputada.
Para el actual tesorero, Anthony Cascante, no hubo intención de cobrar de más o de inducir a error al TSE, aunque prefirieron sacar esos gastos al filo de la hora.
“Él (Sibaja) facturó lo que nos cobró y lo que donó, por eso es que las facturas suman más de ¢300 millones. Nosotros, en la liquidación, debemos presentar el monto de las facturas, aunque solo una parte se haya pagado en efectivo. El TSE no nos reembolsará lo que no se haya pagado mediante una transferencia bancaria o un cheque, así en los informes contables se reporte más”, dijo Cascante.
Rónald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, explicó que las liquidaciones de campaña son analizadas mediante muestreos de los gastos certificados y, si no se encuentran inconsistencias en las muestras, se aprueba cada partida en su totalidad y se reintegra el dinero.
Desde el 2012, la Fiscalía investiga si el PAC cobró ¢400 millones en contratos con partidarios que habrían trabajado de manera voluntaria para la campaña del 2010.