El Instituto Nacional de Seguros (INS) declaró tener suficiente capacidad financiera para aportar un 5% de sus ganancias anuales para atenuar la deuda pública por un periodo de cuatro años. Esta contribución sería adicional al 25% que la aseguradora ya entrega al Estado por orden legal cada año.
La disposición la expuso este martes el presidente ejecutivo del INS, Gabriel Pérez, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute el plan del Gobierno para que 14 empresas públicas aporten, en conjunto, ¢72.600 millones anuales al servicio de la deuda durante cuatro años.
La iniciativa, que forma parte del acuerdo para la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Costa Rica, establece que las empresas citadas en el proyecto de ley deberán disponer hasta del 30% de sus utilidades para reducir el endeudamiento público.
Entre ellas se incluyen los bancos de Costa Rica (BCR) y Nacional (BN), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El monto exacto a aportar por cada una sería definido anualmente mediante un decreto, el cual sopesará criterios como las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y la sostenibilidad financiera de las instituciones.
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Pérez sí advirtió a los congresistas de que la capacidad financiera del Instituto Nacional de Seguros alcanza para aumentar al 30% el aporte actual, pero no para establecer una nueva contribución del Instituto al Estado aparte del monto vigente.
“Estamos de acuerdo con este aporte solidario. Sin embargo, es importante mencionar que el Instituto da un 25% de sus utilidades al Estado. Entonces, dicho esto, estaríamos adicionando un 5%. También es importante mencionar que se debe entender que podemos dar un 30%, pero no un 30% adicional al 25% que ya estamos dando, porque eso obviamente generaría un impacto en la estabilidad financiera del INS”, manifestó el jerarca.
El transitorio I del texto sustitutivo presentado por el Gobierno, justamente lo que plantea es un aumento del aporte vigente. La empresa pública de seguros transfirió al Ministerio de Hacienda, en marzo pasado, un total de ¢14.740 millones, correspondiente al 25% de sus utilidades de 2020. De haber existido la ley en discusión en ese momento, el INS habría aportado casi ¢3.000 millones para atenuar la deuda.
Aunque se mostraron a favor de la iniciativa, las autoridades del Instituto Nacional de Seguros recomendaron a los diputados eximir del aumento de 5% del aporte sobre las utilidades a dos de sus cuatro empresas: INS Servicios y Hospital del Trauma.
El director jurídico del INS, William Emilio Fernández, manifestó que eso aumentaría el costo de la prima que deben pagar sus asegurados.
“Estas empresas nos sirven como medio para ejercer la actividad aseguradora, como servicio médico, call center, prestación de servicios con talleres, entre otros. Por la finalidad que tienen esas dos sociedades anónimas, sí nos opusimos a que se cargaran con este aporte solidario, porque al final de cuentas eso repercute en el costo final de la prima que nosotros le estamos otorgando al cliente”.
Distinto al Instituto, los bancos de Costa Rica y Nacional se opusieron a ser contemplados dentro de la iniciativa de ley, debido a las cargas parafiscales que ya deben pagar esas entidades financieras.
No obstante, las autoridades de ambas instituciones y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) propusieron medidas alternativas al plan de Gobierno para atenuar la deuda pública. Básicamente, plantearon el uso de las cargas parafiscales que ya deben entregar para entidades como el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).