La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) carece de suficientes ingresos para pagar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) durante el 2023. La entidad tendrá que tomar dinero de la reserva del sistema para completar los pagos, lo cual adelanta el ingreso a un escenario crítico que se había previsto para el año 2030.
El escenario se adelantó en siete años porque el Gobierno ha incumplido con el pago completo de las cuotas estatales al IVM, según detallan actas del Comité de Vigilancia del IVM.
Para diciembre, los ingresos anuales en pensiones llegarán a ¢1.633.509 millones, pero los gastos en ese rubro alcanzarán ¢1.684.889 millones, según la Dirección Actuarial y Económica de la Caja.
El faltante de ¢51.380 millones no podrá ser cubierto con las cotizaciones de patronos, trabajadores y Estado, ni con los intereses que generan las inversiones hechas con los fondos de la reserva.
“Estaríamos utilizando todas las contribuciones, todos los intereses y pellizcando la reserva en ¢51.380 millones. A mí esto sí me preocupa”, informó Luis Guillermo López, funcionario de la Dirección Actuarial al Comité de Vigilancia, en la sesión del pasado 28 de julio.
Si la CCSS recurre a las reservas, significaría que el fondo ya llegó al segundo momento crítico.
El primer escenario crítico significa que los ingresos por cotizaciones se tornaron insuficientes para hacer frente a los egresos y que se debió recurrir a los intereses.
En un tercer estado, ni los ingresos corrientes ni la reserva cubrirán los egresos (el régimen estaría completamente desfinanciado).
López argumentó que, en un principio, se previó que no se tendría que tocar ni un cinco de la reserva incluso más allá del 2030. “Sin embargo, cuando uno de los actores en el financiamiento falla, yo siento que el resultado es muy previsible, sobre todo cuando ese actor tiene una obligación significativamente importante”, explicó.
Según cálculos de la CCSS, para febrero del 2023, la deuda acumulada del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al IVM era de ¢531.000 millones y se espera que, para finales de año, se eleve a unos ¢600.000 millones.
López manifestó que, si el Estado estuviera honrando su deuda de manera uniforme, “probablemente no tendríamos apuros en el flujo de efectivo”.
Por otro lado, el representante patronal, Frank Cerdas, cuestionó la posibilidad de generar acciones que impacten en forma positiva la sostenibilidad del régimen, si la morosidad del Estado continúa sin resolverse.
“Podemos hacer muchos ajustes al régimen para mover el momento crítico, pero finalmente, va a depender del nivel de cumplimiento o incumplimiento del Estado; podemos hacer muchos ajustes, pero la decisión del Estado está adelantando siete años el momento crítico”, expresó.
Situación inédita en CCSS
Recurrir a los recursos principales de la reserva, porque los intereses son insuficientes, supone una situación inédita para la CCSS, de acuerdo con Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la institución y quien se desempeña como secretario ejecutivo del Comité de Vigilancia.
“Pareciera que este año podría ser un año inédito, porque yo no recuerdo que, en años anteriores, los intereses hayan sido insuficientes”, expresó el funcionario, durante la sesión del 25 de agosto pasado.
Ese día, Carrillo cuestionó los datos presentados por la economista Paula Chaves, de la Dirección Financiero Contable, quien indicó al comité que hasta ese momento la institución estimaba utilizar solo los recursos provenientes de los intereses.
La funcionaria dijo: “Me gustaría darles un dato un poquito más real de lo que les estoy presentando en este momento, pero ahorita lo que tenemos estimado es utilizar intereses únicamente y, a la fecha, el dato real a la semana pasada, lo que se estaba estimando era un monto como de ¢260.000 millones, pero solo de intereses”, indicó Chaves.
El director de pensiones de la CCSS rebatió la afirmación por considerar inminente el uso de recursos de la reserva, ya que los intereses son insuficientes para cubrir el faltante.
“Los intereses son ¢223.000 millones; entonces, si lo que ustedes estiman necesitar son ¢260.000 millones, menos ¢223.000 millones, la diferencia que resulta de sus proyecciones, inexorablemente vamos a tener que utilizarla (la reserva)”, aseguró Carrillo.
“Correcto, podría ser”, contestó Chaves.
“Por lo que expone Paula, considero que estamos en manos del Estado, para no utilizar la reserva. Si el Estado nos paga más, en buena hora, porque la diferencia sería menos, pero si el Estado mantiene el ritmo y es consistente con la forma en que ha venido pagando en el pasado, pareciera que el dato que nos da Paula es una muy buena aproximación”, concluyó Carrillo.
La Contraloría General de la República (CGR) calificó la conducta del Estado como una “insuficiencia sistémica”, luego de que, por tercer año consecutivo, el Gobierno presupuestara menos de lo necesario para pagar las cuotas estatales al IVM. Para el 2024, el hueco será de ¢71.630 millones.
El año pasado, el Gobierno omitió pagar al IVM ¢103.350 millones. Para el 2023, la Contraloría estimó un faltante presupuestario de ¢109.300 millones.
Comité con manos atadas
Los datos expuestos por el área actuarial y la financiera, generaron preocupación entre los integrantes del órgano, no solo por el impacto en la sostenibilidad del régimen, sino también por encontrarse atados de manos para tomar acciones, ya que las mismas corresponden a la Junta Directiva de la CCSS.
“Realmente es alarmante lo que nos acaba de presentar aquí la señora de la Tesorería (Chaves) y con esas proyecciones vamos en picada. Ahora lo que a mí me preocupa, mi angustia, es que nosotros podemos hablar muchas cosas pero no tenemos poder de decisión”, indicó Juan José Ayala, representante del sector cooperativo.
“Estamos nada más como haciendo llamados de atención pero ni siquiera los están escuchando verdad, quien los debería escuchar, ni mucho menos tomar acciones. Tenemos que ver la forma de que efectivamente la Junta Directiva vea a este lado de pensiones, porque ahora está muy enfocada del otro lado de salud (...)”, añadió Cerdas, del sector patronal.
Por lo anterior, el Comité tomó un acuerdo durante la sesión de julio, para enviar una nota a la Junta Directiva de la CCSS, expresando su preocupación por el incumplimiento del Estado en el pago de sus cuotas, “principalmente cuando se deben de utilizar los intereses que genera la reserva para financiar el pago de las pensiones, acelerando el cumplimiento de momentos críticos”.
El Comité de Vigilancia tiene como finalidad analizar la situación económica actual y las proyecciones del régimen de pensiones del IVM, con el propósito de elaborar recomendaciones a la Junta Directiva de la CCSS que propicie su sostenibilidad y equilibrio financiero.
Se compone de seis integrantes: tres representantes del sector patronal y la misma cantidad del sector laboral, cuya representación se divide entre los sindicatos, el solidarismo y el movimiento cooperativista.
Asimismo, el órgano cuenta con un secretario ejecutivo, nombrado por la CCSS, quien facilita el trabajo del grupo y es el contacto directo con la institución.
El 28 de julio, Luis Guillermo López, de la Dirección Actuarial y Económica, dijo que el comportamiento del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al IVM va “como en cascada”, por lo que prefirió no hacer cálculos sobre lo que Hacienda presupuesta.
“Aquí lo interesante es que nosotros facturamos ¢100.000 millones. Ellos presupuestan ¢80.000 millones y pagan ¢40.000 millones, siempre va como en cascada”, manifestó.
Edgar Robles: ‘Es un tema de cuándo va a pagar’
Para Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones y economista, los elementos expuestos al Comité de Vigilancia evidencian la ineludible responsabilidad que tiene el Estado de inyectarle recursos al fondo, ya sea por el pago de las cuotas o, posteriormente, cuando el régimen entre en un déficit financiero, lo cual podría ocurrir en unos cuatro o cinco años.
“Es un tema de cuándo va a pagar el Estado, si lo va a pagar ahora o se va a esperar a que el sistema entre totalmente en reserva cero”, manifestó Robles.
El escenario actual en el que se encuentra el régimen, a criterio del experto, también debe llevar a cuestionamientos sobre la fidelidad de las proyecciones actuariales que la CCSS viene realizando desde hace una década.
“Lo que estamos viendo es que los modelos de proyección de la CCSS siguen sin funcionar. Siguen usando panoramas muy positivos, en donde ahora resulta que lo que ellos decían que iba a ocurrir en el 2030, que antes habían dicho que iba a ocurrir en el 2038, se está presentando en el 2023″, advirtió.
De acuerdo con Robles, desde un inicio los estudios tuvieron que haber tomado en cuenta el impago del Estado, ya que este no es un fenómeno reciente ni excepcional.
“Ahora están tratando de justificar esas falencias echándole la culpa a la falta de pago”, manifestó.
El economista criticó que los escenarios que se han venido planteado son muy optimistas y no sirven para la toma de decisiones, “porque no reflejan la realidad del régimen”.