La Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral recomendó al Ministerio Público indagar el crédito de ¢300 millones que el empresario Rafael Ángel Zamora, dueño de empresas Pedregal, concedió a la campaña del excandidato y hoy diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), para las elecciones del 2022.
Los diputados cuestionaron “la posible utilización de una doble garantía”, en el sentido de que el PNR entregó bonos de deuda política a Zamora, pero a la vez las autoridades partidarias le firmaron un pagaré por el préstamo.
Como los bonos no adquirieron valor después de las elecciones, el empresario demandó al partido en busca del pago del crédito, pero la agrupación sostiene que Zamora aceptó los certificados como garantía.
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Diputados de cuatro fracciones legislativas señalaron, además, que el dinero para el préstamo provino de la sociedad Solimar S. A., por lo que estiman pertinente que se amplíe la investigación para determinar si se violó la prohibición de aportes de personas jurídicas, fijada en el artículo 128 del Código Electoral.
El informe lo aprobaron legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).
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El crédito fue otorgado por Rafael Ángel Zamora en diciembre de 2021. Según declaró el empresario en la comisión legislativa, él prestó los recursos al PNR porque Iván Barrantes, vocero y entonces asesor político de la agrupación, le informó de que no tenían recursos para pagar al equipo y solicitaron el préstamo.
El dinero fue tomado de una de sus empresas y se firmó un pagaré donde figuran como fiadores Francisco Prendas, entonces presidente del PNR; Iván Barrantes; y Juan Manuel Tirado, quien era el coordinador del equipo económico de Alvarado.
Fabricio Alvarado no respondió a las consultas realizadas por La Nación al cierre de esta nota.
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