Un informe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) sobre eurobonos apoya un endeudamiento internacional de $6.000 millones, pero eliminaría otras dos autorizaciones solicitadas por el Gobierno.
Se trata del permiso para emitir eurobonos por otros $6.000 millones, con el fin de pagar los vencimientos de los primeros, así como la obtención de $2.000 millones adicionales en créditos con organismos multilaterales.
La propuesta del PUSC consiste en autorizar al Poder Ejecutivo la colocación de $1.500 millones durante el primer año calendario, una vez aprobada la ley, y $1.500 millones adicionales por cada uno de los tres años siguientes, siempre y cuando, el Gobierno mantenga un superávit primario conforme las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para una autorización total de $6.000 millones en cuatro años.
Así consta en el texto sustitutivo sugerido en la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, el cual está pendiente de votación.
La legisladora explicó que el repago no es necesario en los próximos cuatro años y, sobre las líneas de créditos, no se tiene claridad en qué serían usadas.
El monto en eurobonos que Carballo sugiere autorizar es cuadro veces mayor a los $1.500 planteados por los partidos Liberación Nacional (PLP) y Liberal Progresista (PLP) en otra moción de texto sustitutivo que ya fue desechada en el foro de Económicos.
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Efectos en la economía
La socialcristiana expuso en comisión que autorizar un monto inferior a los $6.000 millones traería efectos negativos a la economía nacional. El Gobierno tendría que vender el faltante en el mercado local, lo que presionaría al alza la tasa de interés de los créditos, costo que tendrían que asumir los costarricenses.
También aseguró que se enviaría un mensaje de crisis en el mercado internacional, lo que provocaría un aumento en las tasas de los bonos que podría vender el Gobierno.
En todo caso, la condición de su propuesta es que la autorización de $6.000 millones sea exclusivamente para sustituir deuda interna bonificada o cancelar vencimientos de deuda con tal de mejorar las condiciones de plazos.
“Esto permitiría al país poder desarrollar una estrategia del manejo de deuda pública, brindándole tranquilidad a los mercados internacionales sobre los posibles vencimientos de deuda y facilitándole al país poder acceder a mejores tasas de interés, lo que provocaría concretar el objetivo general de este proyecto que es cambiar deuda cara por deuda barata”, dice el informe de minoría de Carballo que contiene el texto sustitutivo.
“De no ser así, y al pretender aprobar emisiones menores se presionan las tasas al alza y no se la da seguridad a los inversionistas extranjeros sobre el manejo de la deuda, ya que los plazos que hay en el país para aprobar proyectos de ley que permiten este tipo de emisiones van de los seis a los ocho meses, provocando inseguridad en el pago de la deuda solo un año después de esta aprobación.
“De verse el Gobierno en la necesidad de recursos y no tener autorización por más dinero, lo obligaría a emitir deuda interna, la cual es más costosa en tasas de interés, en relación a las que brinda el mercado internacional, lo que provoca un estrujamiento del sector privado, reduciendo la oferta de recursos prestables y aumentando el costo del crédito, por lo que se limitaría el financiamiento de proyectos de inversión”, añade.
A diferencia del texto del PLN-PLP de darle trámite rápido en el Congreso al proyecto, el de Carballo plantea un trámite ordinario que implicaría que el texto pase al plenario para recibir mociones de ajuste, regrese a comisión para ser discutidas y luego se envié nuevamente al plenario para ser votado en dos debates.
El tiempo aproximado para ser aprobados podría ser de un mes, en caso de que cuente con los votos necesarios, admitió la legisladora.
Por lo demás, la propuesta del PUSC establece otras condiciones similares al descartado, como sanciones si se usa el dinero para fines distintos al canje de deuda o pago de vencimientos, y el envío al Congreso de informes con detalles de la colocación y el plan de endeudamiento del Gobierno.