Un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que, por la fecha en que fue recibida la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública que exoneró de culpa al expresidente Luis Guillermo Solís por el caso del cemento chino, no era posible para la Asamblea Legislativa reaccionar a tiempo.
El informe lo dio a conocer la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, al comparecer ante la Comisión Especial que investiga las causas por las cuales el informe no pudo ser apelado por los diputados actuales.
La investigación preliminar, que carece de carácter legal para tomar acuerdos, fue solicitada por Hidalgo.
Una de las conclusiones de Servicios Técnicos es que la fecha de recepción del informe de la Procuraduría de la Ética fue inoportuna.
Según el documento, la resolución fue entregada al Congreso el viernes 27 de abril, un día en el cual los diputados no se encuentran en la Asamblea.
Por esa razón, fue discutido por el Directorio Legislativo el lunes 30 abril por la tarde, el último día de labores del Parlamento anterior. Y solo había tres días hábiles para apelar.
Ese día, los legisladores Gonzalo Ramírez y Carmen Quesada acordaron enviar el documento a los nuevos congresistas para que ellos tomen la determinación sobre el caso, por un asunto de tiempos. Para esos efectos, Ramírez dejó una copia al director ejecutivo, Antonio Ayales.
La investigación no determinó por qué Ramírez no dejó el documento original para sacar las copias. Posterior a dejar el cargo, y tras varias comunicaciones con el exlegislador, aseguró que no tenía el documento, solo el sobre en el cual fue enviado al Congreso.
Por el corto plazo que hay para apelar el documento ante la Procuraduría, era inviable que el documento fuera enviado y discutido por los diputados.
“Aunque el informe hubiese llegado a conocimiento de los diputados salientes ese día 30 de abril, no habría existido la posibilidad real de tomar una decisión sobre el mismo, dado que no estaba previsto en el Orden del Día nada al respecto”, dice Servicios Técnicos.
“Similar situación se presenta para los nuevos diputados y diputadas que asumieron su función el día 1°. de mayo, que solo contaban con dos días hábiles para interponer la apelación a la resolución de interés, en caso de que así se hubiera decidido”.
"Y en cuanto a esta decisión, si fuera un asunto que debía ser votado por el Plenario Legislativo, tampoco hubiese habido la posibilidad dentro del procedimiento legislativo para tomarla en tiempo, aun cuando ya la nueva integración estuviera enterada de la misma, debido a que la sesión del 2 de mayo está destinada a recibir el Informe Presidencial y el 3 de mayo se dedica a su discusión. No había, por ello, posibilidad reglamentaria de conocer y discutir dicha resolución y tomar la decisión que correspondiera al respecto”, concluyó Servicios Técnicos.
Además, el informe legislativo confirma que el documento de la Procuraduría que se tomó como base para enviar una copia a los diputados, estaba incompleto, por lo cual se solicitó una nueva copia que llegó finalmente hasta el 24 de mayo. A partir de allí se empieza a repartir a los 57 diputados.
Antes de esa fecha, según Hidalgo, no era posible actuar sobre algo que ella no conocía.
Sobre los dos folios que hacían falta, no hay claridad si se trató de un error de la Procuraduría o del manejo del documento en el Congreso.
Según la investigación, ni los diputados ni la dirección ejecutiva fueron advertidos sobre el plazo para presentar las apelaciones.
Esta investigación no señaló responsabilidades sobre un funcionario o autoridad en específico, y por ahora, el Directorio Legislativo tampoco ha ordenado un proceso disciplinario para determinar culpables.