El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) alega no tener competencias legales para girar ¢131 millones que permanecen guardados a la espera de que puedan ser entregados a los familiares sobrevivientes de femicidios.
Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, sostiene que la ley aprobada en el 2022 para asignar una ayuda económica a los allegados de las víctimas presenta debilidades y problemas de fondo, que chocan con la operatividad de la institución.
“El Inamu no gestiona subsidios; esa es una función del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)”, manifestó Quesada durante una reciente comparecencia ante la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
La jerarca señaló que, ante este impedimento, se presentó una propuesta para establecer que el subsidio sea administrado por el IMAS con base en criterios de priorización.
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Adilia Caravaca, presidenta del Inamu, indicó que la ley tampoco define qué pasa con mujeres sobrevivientes a un intento de femicidio que, debido a las secuelas, afrontan por un tiempo dificultades para cumplir sus obligaciones económicas. También subrayó la existencia de vacíos en la normativa en cuanto a la identificación de los beneficiarios de la ayuda económica.
La Ley de Reparación para las Personas Sobrevivientes de Femicidio creó una ayuda económica equivalente a la mitad de un salario base (¢231.100). En la actualidad, hay ¢131 millones guardados para ese fin en el Ministerio de Hacienda.
Entre los beneficiarios figuran los hijos de las víctimas hasta la mayoría de edad o hasta los veinticinco años, en caso de que continúen sus estudios, así como familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que convivían con la víctima.
También se incluye a adultos mayores y personas con discapacidad permanente, sin límite de edad, hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, que dependían del cuidado o la manutención de la fallecida.
Sin embargo, para Caravaca, la inclusión del término “afinidad” podría incluso abarcar a los padres del femicida, lo que a su criterio genera ambigüedad en cuanto a los beneficiarios reales del subsidio.
Financiamiento a la baja
Otro de los factores que impiden el giro de la ayuda es que el Poder Ejecutivo incumplió el transitorio de la ley que le daba seis meses de plazo para publicar un reglamento de operación del fondo que dará sustento a los subsidios.
La jerarca de la Condición de la Mujer sostuvo que financiar una normativa con fuentes de ingreso que van hacia la baja resulta contradictorio e impide generar un reglamento que pueda ser viable en este momento.
El financiamiento del subsidio proviene de los recursos establecidos en los artículos 23, 39 y 68 bis de la Ley de Armas y Explosivos. El primero es el pago de un timbre de ¢3.000 por cada arma que una persona jurídica desee inscribir para el servicio de seguridad privada.
El segundo rubro consiste en un timbre de ¢5.000 por arma para las personas físicas que deseen inscribir hasta un máximo de dos armas de fuego, con el mismo pago cada cuatro años para renovar el permiso.
La tercera fuente de ingreso es un timbre de ¢3.000 para las personas que deseen solicitar o renovar un permiso de portación de armas.
“Se financia con un recurso que va hacia la baja porque el permiso de portación de armas se renovaba cada año y ahora cada dos años. Antes, una persona podía tener hasta tres armas y ahora solo dos”, cuestionó la ministra Cindy Quesada.
Además, la ley estableció un impuesto selectivo de consumo del 3% sobre la importación de mercancías, así como sobre la fabricación y venta de armas, municiones, explosivos, artificios y pólvora.
Sonia Rojas, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), consultó a las jerarcas sobre una propuesta de reforma a la ley y su estado actual.
Quesada respondió que, desde mediados de 2023, se presentó una propuesta que está siendo analizada por una comisión interinstitucional. Rojas lamentó que nueve meses después la iniciativa aún no haya sido incorporada a la corriente legislativa.
“Ustedes, como entes rectores, ya deberían haber presentado esa propuesta para que empiece a correr. Pero desde que se está gestando, hasta que se envíe a la corriente y se apruebe, se les va a acabar el gobierno y esto debe tener prioridad.
“Hoy deberíamos estar debatiendo sobre una reforma de ley y no sobre una propuesta ¿Cuánto tiempo más van a esperar las mujeres víctimas de femicidio?”, cuestionó la verdiblanca.
Desde 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, hasta enero de 2024, se han registrado 448 víctimas directas de femicidio.
Junto con el subsidio económico, las familias sobrevivientes de femicidios también tienen derecho a que se les brinde asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua, así como acceso prioritario a becas de estudio, bonos de vivienda y asesoría legal gratuita.