IMAS lleva tres años sin concretar base de datos sobre beneficiarios de ayudas

Emilio Arias, presidente del IMAS, aseguró que el informe fue elaborado entre el 2014 y el 2016 y muchas de las deficiencias señaladas ahí ya fueron subsanadas.

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Tres años después de la entrada en vigencia de la ley para la creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube), el IMAS no ha culminado el proceso de creación y articulación de ese programa, el cual integraría la información de todas las personas que reciben ayudas de 14 instituciones públicas.

Ese el principal señalamiento que hizo la Contraloría General de la República (CGR) en un informe dado a conocer la mañana de este jueves.

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El ente contralor, además, encontró debilidades en el funcionamiento del Consejo Rector del Sistema, pues no se han aprobado directrices y políticas que orienten su funcionamiento, ni se han encontrado estrategias de coordinación.

Asimismo, la Contraloría evidenció vacíos en la conceptualización del sistema de información y su funcionamiento.

"Estos se dan básicamente en dos aspectos, como son la ausencia de acuerdos con el total de las instituciones involucradas para la puesta en marcha del sistema y la carencia de una metodología de gestión de proyectos que guíe la implementación del Sinirube", explicó Manuel Corrales Umaña, gerente del área de Servicios Sociales de la CGR.

El Sinirube nació como un órgano desconcentrado adscrito al IMAS, cuya labor es direccionar el sistema nacional de información y registro de beneficiarios de programas sociales del Estado, entre estos, la asignación de bonos de vivienda, becas escolares, pensiones del régimen no contributivo y ayudas en comida.

Jerarcas o representantes del IMAS, Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Caja Costarricense de Seguro Social y los ministerios de Educación Pública, Salud, Vivienda, Trabajo y Planificación integran el Consejo Rector.

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Entre sus disposiciones, la Contraloría ordenó al presidente del IMAS, al Consejo Rector del Sistema y al director del Sinirube solventar las debilidades indicadas en el informe.

La ley de creación de este registro único de beneficiarios se aprobó en setiembre de 2013.

Ya en el país se han ensayado diferentes sistemas de base de datos para manejar la información de los subsidios que entrega el Estado para combatir la pobreza, no obstante, todos han resultado limitados.

Ante los cuestionamientos de la Contraloría, presidente del IMAS, Emilio Arias, aseguró que el informe fue elaborado entre el 2014 y el 2016 y muchas de las deficiencias señaladas ahí ya fueron subsanadas.

"En diciembre del año pasado lo vimos y en aquel momento muchas cosas ya estaban cumplidas, el sistema se está implementando desde hace mucho tiempo", afirmó Arias.

El jerarca enfatizó que el Sinirube más que una plataforma tecnológica es un órgano descentralizado adscrito al IMAS, por lo que su financiamiento debe ser dado por presupuesto ordinario de la República.

Eso, según Arias, los obligó a consultar sobre cómo se operativizaba el Sistema y cómo se procedía debido a que los recursos para realizar contrataciones y otras gestiones no eran del IMAS.

Sobre la plataforma tecnológica, el jerarca aseguró que para lograr contar con la base de datos unificada, se debieron realizar una serie de procesos con las entidades, pues el primer paso era que estuvieran anuentes a entregar información.

Luego, cada una debía desarrollar plataformas o sistemas operativos para que la información pudiera intercambiarse con el programa del Sinirube y para esto, cada una debió realizar trámites presupuestarios individuales.

Finalmente, será en julio de este año cuando se lance una primera plataforma, la cual contendrá el 70% de la información unificada de los beneficiarios del país. Posteriormente, se irán agregando los datos que el resto de las instituciones vayan suministrando, alegó el jerarca.