La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue la entidad que opuso más resistencia para entregar la información necesaria al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube).
Su negativa inicial se fundamentó en un criterio de la Dirección Jurídica, según el cual, los datos solicitados era confidenciales, por lo que solo podría ser compartida con el consentimiento previo de cada titular.
“Siendo de que existe norma de rango especial y legal expresa que estipula que la información confidencial no debe ser entregada, estaría inhibida entonces la Caja de entregarla al IMAS, aún y cuando exista un convenio interadministrativo entre ambas entidades”, dice el oficio DJ.2777-2016:
El Sinirube requiere cinco bases de datos de la CCSS: el Sistema de Recaudación Centralizada, (Sicere) el cual contiene la información laboral de miles de personas; la de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); la del expediente Digital Único en Salud (EDUS); las fichas del Régimen no Contributivo (RNC) y, las de pensiones por el Estado. Solamente el RNC, a marzo pasado, cubría a 109.013 personas.
Ante el choque de criterios fue necesario consultar a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) –entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz– si era procedente el traslado de la información al Sinirube, así como al previo visto bueno de los dueños de los datos.
“La CCSS forma parte del Consejo Rector del Sinirube. Así debe entenderse que, por expresa disposición de ley, se encuentra técnica y operativamente vinculada a dicho órgano de la Administración (...); la información requerida por el IMAS a la CCSS para uso exclusivo del Sinirube no se encuentra sujeta al Consentimiento Informado”, resolvió la Prodhab.
Ahora, con el panorama claro, los equipos de tecnologías de información de la Caja y del IMAS están estudiando la forma de hacer compatibles sus bases de datos, explicó Emilio Arias, presidente del IMAS.
Otras entidades. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) entregó, en mayo anterior, la información de los 15.801 ancianos en pobreza o vulnerabilidad a los que entrega algún tipo de subsidio.
“Lo importante de este sistema es que hay mucha información que se podría cruzar para la toma de decisiones, como la consecución de más recursos, para identificar la población por estratos, por regiones, y que se pueden usar otras variables para darle un manejo más científico a la asignación de los recursos”, manifestó Carlos Molina Mora, jefe de la Unidad de Fiscalización Operativa del Conapam.
El Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi) hace el reporte de sus beneficiarios directamente a la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), la cual remite la información al IMAS, según informó Luis Montoya, gerente general del Banhvi.
Solo en el 2015, esa entidad entregó ¢84.249 millones en bonos de vivienda.