Siendo presidente del Congreso, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Henry Mora, engavetó un acuerdo legislativo para interpelar al entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez. Con esa decisión, vulneró la facultad de control político del resto de los diputados.
A esa conclusión llegó la Sala IV al declarar con lugar un acción de inconstitucionalidad en contra de esa decisión tomada Mora y por el resto del Directorio de la Asamblea Legislativa en enero del 2015, el cual también lo integraban los socialcristianos Jorge Rodríguez y Luis Vásquez.
Según el magistrado Fernando Castillo, esa cúpula legislativa omitió convocar al ministro al plenario, según un acuerdo tomado el 20 de enero del 2015, a pesar de que había sido aprobado por 45 de los 57 diputados.
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Para Castillo, el actuar de Mora socavó una de las principales funciones de la Asamblea Legislativa: el control político.
"Si el parlamento decide interpelar a un ministro, lo que corresponde es que la presidencia de la Asamblea tramite a la mayor celeridad ese acuerdo legislativo, porque, de lo contrario, se vulnera una de las manifestaciones esenciales del control político como son las interpelaciones de los ministros", expresó el magistrado a La Nación.
Mora por su parte, dijo a través de su encargado de prensa, Víctor Vargas, que este miércoles no se iba a referir al fallo de la Sala Constitucional, pues primero quiere revisar su contenido.
Los diputados habían acordado llamar a cuentas a Jiménez, quien dejó su cargo el 16 de abril del 2015, por la reunión que sostuvo uno de sus subalternos, el ahora ex viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, con la procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes.
En ese encuentro, según denunció la procuradora general, Soley le ofreció una embajada para que dejara el cargo.
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La acción de inconstitucionalidad fue declarada con lugar por unanimidad y había sido presentada por el diputado de Liberación Nacional (PLN), Rolando González, el 14 de abril del año pasado, tres meses después de acordada la interpelación y cuando Jiménez aún no había dimitido a su cargo.
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"Si el ministro no hubiese renunciado, pues la Sala hubiese ordenado la comparecencia, pero en este caso específico ya no se puede reponer ese trámite (...). Ahora más que todo lo que se quiere es potenciar una función esencial del Parlamento, como es el control político. La Sala lo que quiere es resaltar que, dentro del sistema democrático y de acuerdo con la normativa constitucional, esta es una función esencial para la existencia y el funcionamiento del régimen democrático", agregó Castillo.