El Ministerio de Hacienda adversó los recientes cambios que le pretenden introducir los diputados de oposición al proyecto de ley contra el fraude fiscal.
Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, explicó ayer que les preocupa la reducción de la pena mínima de prisión por el delito de fraude fiscal, de 5 a 2 años, debido a que esto permite beneficios como la posibilidad de no ir a la cárcel. Actualmente, las opciones son pagar o ir a prisión.
“El riesgo de ir a juicio para un acusado por el delito de fraude a la Hacienda Pública significa que, en el supuesto de ser condenado, no tendría derecho a ningún beneficio de ejecución condicional. Ese riesgo potencial ha servido para que muchos de los acusados procuren una reparación integral del daño, lo cual se traduce en una pronta y efectiva recuperación de los dineros de los tributos defraudados”, explicó Piedra.
Agregó que, de ser aprobada la reducción de la pena, ya no solo se permitiría la reparación integral del daño –posibilidad de pagar el total de lo cobrado y no ir a la cárcel–, sino también obtener la ejecución condicional de la pena (no ir a la cárcel aunque sea culpable) y el sometimiento a un proceso abreviado.
Otros señalamientos. En conferencia de prensa, los jerarcas de Hacienda objetaron, además, la posibilidad de que se puedan retirar del Ministerio Público las denuncias de delito tributario.
Por ejemplo, el director general de Tributación, Carlos Vargas, destacó que los cambios en discusión en el Congreso beneficiarían a los acusados en 24 procesos que se encuentran activos.
Piedra, en tanto, manifestó que las propuestas fueron presentadas por el abogado Adrián Torrealba, exdirector general de Tributación, y que estas pudieron presentarse ayer lunes, vía artículo 137.
“Yo fui convocado a la comisión de Asuntos Hacendarios en mi condición de coordinador de la comisión de Asuntos Tributario del Colegio de Abogados”, alegó Torrealba.
El abogado señaló que él expuso a los diputados consideraciones sobre la redacción del proyecto y los legisladores le pidieron ayuda para redactar mociones.
“En ese contexto yo preparé varias mociones de distinto tipo”, añadió y argumentó que, en algunas de las naciones más duras en definir el delito fiscal, la pena máxima es de 1 a 5 años.