El Gobierno y la firma brasileña OAS intentarán superar sus diferencias para poner fin al contrato de la vía a San Ramón en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio.
Así lo confirmaron ayer ambas partes a La Nación , luego de casi cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro del contrato que ordenó finiquitar la presidenta, Laura Chinchilla, el 23 de abril.
De llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo y la empresa se liberarían del convenio por $524 millones que los tiene amarrados desde el 11 de marzo.
Ese día, la Contraloría General de la República aceptó que la empresa OAS Ltda. asumiera la obra que estaba adjudicada a la firma Autopistas del Valle.
El ministro de Planificación y a la vez vicepresidente del Consejo Nacional de Concesiones, Roberto Gallardo, dijo que la iniciativa de llevar la discusión al centro de conciliaciones fue del Gobierno.
Sin embargo, el plan de conciliar y no ir a un arbitraje habría surgido tras una nota que envió la empresa al Gobierno a mediados de junio, lo que dejó al Ejecutivo la decisión de escoger dónde seguir el proceso.
“El concesionario no manifestó ninguna preferencia. Nosotros, en la nota que contestamos, dijimos que como no se expresaba ninguna preferencia, seleccionamos”, declaró el ministro Gallardo.
Salida urgente. El fin del contrato marcó un duro camino para el Gobierno desde que se volvió una necesidad inevitable.
Las molestias por el alto monto de la concesión que terminaría pagándose a punta de peajes de hasta ¢4.000 en la ruta de ida y vuelta sobre los 58 km entre San José y San Ramón, obligaron al Ejecutivo a buscar cómo romper el contrato.
El pico más alto de malestar ciudadano llegó al punto de enfrentar a los grupos sociales con la Policía en los actos cívicos del 11 de abril en la ciudad de Alajuela.
El 22 de abril, la presidenta, Laura Chinchilla, anunció que el Gobierno rompía relaciones con la firma OAS, luego de un mes y 10 días de protestas ciudadanas.
Sin embargo, el fin del acuerdo no fue tan sencillo como parecía en el anuncio de Chinchilla, a través de una cadena televisiva. La empresa pidió $46 millones para romper el acuerdo en forma definitiva.
Para poder sentarse a conciliar el fin del contrato, las partes necesitaron cuatro meses de negociación solo para acordar que llevarían el caso al Centro de Conciliación, de acuerdo con lo dijo Gallardo ayer.
Si bien hay un acuerdo sobre dónde reunirse a negociar, el trámite oficial para hacerlo aún no se hace ante el Centro de Conciliación, explicó la directora de esa instancia, Zoila Volio.
Según Gallardo, el documento de solicitud de conciliación está prácticamente listo y podría ser enviado hoy mismo.
A criterio del Gobierno, el monto de $46 millones es elevado y no de recibo. La situación hace que de momento la carretera no pueda ser objeto de una nueva concesión para modernizarla.