El Gobierno cambió la fórmula en su intento de generar una ley que abarate el servicio eléctrico. Ya no sería un mercado abierto, ni una ley general que regule todo, ni un plan de contingencia.
Sin que trascendiera, el Poder Ejecutivo trabajaba desde julio en un nuevo texto para cambiar el proyecto de contingencia que fracasó en el Congreso.
Este plan proponía un mercado eléctrico con una clase de consumidores que podrían tener mejores condiciones en la compra de energía en función de su demanda.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, dijo que el nuevo texto se trabajó en la Casa Presidencial desde hace cuatro meses, con colaboración de personeros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Con la nueva propuesta (que aún es un borrador) se pretende centrarse en una mayor participación de las empresas privadas en la generación de energía eléctrica.
Por lo anterior, se descarta la figura de los grandes consumidores y se limita a ampliar la participación de los entes privados.
La ley actual permite a los empresarios privados, cooperativas y empresas municipales generar hasta el 15% de la electricidad que se produce en el país.
El borrador aún no especifica cuánto sería el porcentaje de producción; sin embargo, ya está en manos de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) que participan en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea.
La propuesta de aumentar el tope para los privados tiene cuatro años de ser una prioridad.
El alto costo de la electricidad ha generado uno de los principales reclamos de los sectores productivos y de la ciudadanía, por lo que la idea de cambiar el modelo de producción es la única alternativa propuesta desde el Gobierno.
El ministro de Ambiente, René Castro, afirmó que con el nuevo texto no se pretende debilitar al ICE en su papel de líder del mercado.
El texto tendría que ser consultado a los grupos cooperativos y a las firmas regionales de generación eléctrica, como la Junta Administrativa de los Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) o la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Contradicción. Por su parte, la presidenta, Laura Chinchilla, dijo que su equipo de trabajo seguirá impulsando la reforma, a pesar de los obstáculos en el Congreso.
Incluso, habló de un acuerdo con el sector cooperativo para darle viabilidad al proyecto.
“Acabamos de volver a cerrar una negociación más donde el sector cooperativo y los generadores de empresas de servicio público han, digamos, allanado su posición”, dijo Chinchilla.
Las cooperativas eléctricas han mostrado su reticencia ante los planes que proponían crear la figura del gran consumidor.
Sin embargo, el gerente de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), Omar Miranda, afirma que tienen más de tres meses de no reunirse con voceros del Gobierno y no saben nada de un nuevo plan de ley.
Una posición similar externó Elías Calderón, gerente de la Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos (Coopesantos), quien dijo que están de acuerdo en un aumento de la participación privada, pero no han tenido una presentación de proyectos de ley de parte del Gobierno.