El país carece de recursos para reparar los daños que causó la tormenta tropical Nate, aseguraron voceros del Poder Ejecutivo, este mediodía, durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.
El país necesita al menos $385 millones (¢223.000 millones) para la reposición de las pérdidas, los cuales aún no tienen una fuente de financiamiento específica.
La cifra equivale a casi un 60% del presupuesto del Consejo Nacionalidad de Vialidad (Conavi) para este año.
Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, manifestó que el Gobierno depende de la aprobación de las reformas fiscales que se tramitan en el Congreso para acceder a recursos frescos.
Una de ellas es el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que promueve el Ejecutivo, que transformaría el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA), pero que ni siquiera ha sido presentado ante la corriente legislativa.
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"No hay soluciones mágicas, lamentablemente. La plata está o no está, y en este momento no la hay", dijo Mora, este martes.
La otra posibilidad de financiamiento son los recursos que puedan aportar las distintas entidades al fondo para la atención de la emergencia, pero tampoco se ha cuantificado a cuánto ascenderá esa contribución.
Mora informó de que, antes de someterse a su operación, el presidente, Luis Guillermo Solís, se reunió con el Directorio de la Asamblea Legislativa y los jefes de fracción para discutir las medidas necesarias para atender la emergencia.
Las prioridades son habilitar las rutas más afectadas y reanudar servicios básicos, señaló el viceministro.
Una proyección preliminar elaborada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que el mayor porcentaje de los daños los sufrió la red vial, en la cual hay pérdidas de al menos $175 millones.
Solución para vivienda
Las familias que ya habían sido beneficiadas con recursos estatales para construir su casa, pero que la perdieron como consecuencia de Nate, tendrán la posibilidad de acceder a un segundo bono del Estado para reconstruir su casa.
Este martes, el presidente en ejercicio, Helio Fallas, firmó la ley que reforma el artículo 50 de la ley que regula el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con lo cual se elimina el tope de ¢7,5 millones que se establecía para las ayudas a las que podían acceder los damnificados que ya habían sido beneficiados con un bono.
El monto anterior, concluyó el Gobierno, resultaba insuficiente para ayudar a las familias que requieren traslado o reconstrucción total de su casa.
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De acuerdo con Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, los primeros beneficiados con la reforma legal serán unas 50 familias, principalmente damnificadas del huracán Otto y la tormenta tropical Nate.
Esos casos se pueden atender con los fondos corrientes del sistema y no es necesario solicitar recursos adicionales, aseguró Pujol.
"Creo que esta es una herramienta muy eficaz para las familias damnificadas en condición de pobreza que perdieron sus casas y requieren ser traladadas", manifestó Helio Fallas, presidente en ejercicio.
El recuento de las viviendas destruidas por Nate aún está en curso, informó Pujol. Hasta el momento se ha determinado que los cantones más afectados son Desamparados, Aserrí, Acosta y Pérez Zeledón. Esas son las comunidades que posiblemente requieran la mayor inversión, dijo Pujol.