San José
El Gobierno rescató la propuesta que ordenaría los salarios del presidente, los ministros, los viceministros, los diputados y otros jerarcas, mediante la introducción de sueldos únicos.
El Ejecutivo incluyó la idea en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una fusión entre aumentos de impuestos, medidas de contención del gasto y cambios al empleo público, que el Ministerio de Hacienda presentó el 10 de agosto a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa.
Según ese texto, los nuevos sueldos únicos solo se aplicarían a los futuros jerarcas y altos funcionarios, no a los actuales.
El plan subiría los salarios del presidente, diputados, ministros y viceministros, al tiempo que se los reduciría a magistrados, al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al procurador general y a la contralora general de la República.
La iniciativa establecería cinco categorías salariales para los jerarcas públicos, con un salario específico para cada una de ellas.
El salario del presidente, que hoy es de ¢5 millones, subiría a ¢7,7 millones.
Por debajo del mandatario, los vicepresidentes, los presidentes de los supremos poderes (Legislativo y Judicial) y el del TSE ganarían ¢6,7 millones.
Después, los ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y diputados ganarían ¢4,9 millones.
En este caso, mientras que los miembros del gabinete y los diputados subirían de categoría salarial, los magistrados recibirían una remuneración menor.
El salario promedio de los ministros es, actualmente, de ¢2,6 millones, y subiría a ¢4,9 millones; los legisladores preciben, entre dietas y gastos de representación, ¢3,8 millones, y también incrementarían hasta los ¢4,9 millones.
En el caso de los magistrados, hoy sus salarios oscilan entre los ¢7,3 millones y los ¢9,3 millones.
También serían reducidos los salarios para puestos como el del presidente del TSE, que actualmente tiene un sueldo de ¢8,3 millones, y quedaría en ¢6,7 millones.
Para viceministros, gerentes de instituciones, contralor general, defensor de los Habitantes y procurador general el salario único sería de ¢4,1 millones; y para contralor adjunto, defensor adjunto y procurador adjunto, ¢3,8 millones.
Hace dos meses, el 6 de junio, el presidente Luis Guillermo Solís había rechazado la presentación de un proyecto con esta reforma porque, según dijo, tendría implicaciones fiscales "tremendas" para el país.
Sin embargo, la propuesta actual idéntica al borrador que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, había presentado a las fracciones legislativas, antes de que Solís saliera a desacreditarlo alegando que no había sido consultado.
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¿Qué cambió?
Según el viceministro, con el borrador cuestionado por Solís, de haberse convertido en Ley, los aumentos habrían entrado a regir para los actuales jerarcas públicos, mientras que en el nuevo texto se aclara que, de aprobarse el incremento salarial, este regiría a partir del 8 de mayo del 2018, cuando entre en funciones el próximo Gobierno.
"Cambia el periodo de vigencia. (La reforma) no aplicaría para este cuatrienio. El presidente lo que quiere específicamente es no aumentarse él mismo su salario, ni el de su Gabinete, entonces, si hay consenso entre las fracciones para aprobar la propuesta, basada en una que presentó Otto Guevara, va. Si al final no existe consenso, no habría problema de parte de nosotros en que eso fuera retirado", indicó el viceministro Mora.
El jerarca recordó que el aumento salarial a los altos jerarcas del sector público, al implementarse un salario único, así como las reformas a los regímenes de empleo público, surgieron como necesarios dentro de las discusiones del tema de gobernanza en el marco del proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro discurso
El 6 de junio pasado, Luis Guillermo Solís afirmó que ese mismo proyecto de ley salarial no contaba con su apoyo.
Explicó que su negativa se debía a que el plan no le fue consultado previamente y porque el mismo no provocaría beneficios para el país.
"No cuenta tampoco con el apoyo del gobierno, ni es algo que yo pueda en buena conciencia presentar ante la Asamblea Legislativa como un debate necesario sobre empleo público", dijo en esa ocasión en un video que colgó en su perfil de la red social Facebook.
Durante ese mensaje, el mandatario agregó que, además de "consideraciones éticas" discutibles, la propuesta tenía implicaciones fiscales "tremendas" para el país. También dijo que abrir el debate salarial provocaría desorientación en la opinión pública.
"Ese debate, cuando los costarricenses se quejan por salarios bajos, habida cuenta de la baja inflación, que no ha permitido ni tenía por qué hacerlo, aumentarlos, me parece absolutamente desorientador, y claro, habrá gente que quiera aprovecharse de esta circunstancia tan infeliz, de haber presentado un texto sin la aprobación del presidente y de su gobierno, para hacer politiquería otra vez, en año electoral", consideró.
Y zanjó: "No hay tal apoyo, no estoy a favor del aumento a los salarios del presidente y esa discusión, la de los salarios, su proporcionalidad y su ordenamiento, hay que darla en otro marco, no en la calle, haciendo escándalo sobre algo con lo cual mi opinión es la que les traslado. No al aumento del salario del presidente".
Aunque la contradicción entre lo dicho por Solís y lo hecho por Hacienda este jueves sale a relucir ahora, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora—defensor de la reforma salarial para los jerarcas— afirmó que ahora las circunstancias son distintas.
Además de la implementación de ese salario único para los altos cargos públicos, el Gobierno incluyó en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas una reforma para que el plus salarial de la dedicación exclusiva que paga el Gobierno Central no sea un beneficio permanente o un derecho adquirido, lo cual eximiría a la administración de tener la obligación de renovarlo después de vencido el contrato del empleado.
Y, en materia de porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, la propuesta establece un 55% del salario para los servidores con nivel de licenciatura u otro grado académico superior, un 20% para los bachilleres universitarios y un 30% para los profesores de las universidades.
En el caso del plus de prohibición, el proyecto sugiere un límite de un 65% para los licenciados universitarios o grados superiores y un 30% para los bachilleres universitarios; el texto también impone un límite de 20 veces el salario más bajo de la escala de sueldos de la Administración Pública para la remuneración máxima de los funcionarios públicos.
Se propone, también, un cambio en la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, según el cual el incentivo por excelencia (anualidad) no podrá ser superior a un 2,54% del salario base.
Según Luis Paulino Mora, las modificaciones al empleo público en la nueva reforma fiscal provocarían un ahorro anual al Estado equivalente a un 0,01% del producto interno Bruto (PIB).
El 1°. de agosto, en cadena de televisión, Luis Guillermo Solís anunció que su gobierno se quedó sin plata durante julio para cubrir sus gastos ordinarios y anunció una serie de medidas de emergencia para recortar el gasto para no agravar la situación fiscal del Gobierno Central.
La iniciativa de ley presentada a los diputados este jueves, según Helio Fallas, ministro de Hacienda, tiene como fin reducir en un 3% del PIB el déficit fiscal a través de modificaciones estructurales y permanentes.